El Gobierno madrileño podrá obligar a los parados con prestación a trabajar para los ayuntamientos

El nuevo programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social incluido en el plan de empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid hará trabajar a los desempleados con prestación en los ayuntamientos por un periodo de hasta seis meses.

Así consta en la orden por la que se regulan las subvenciones de estos programas, publicada este martes en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid' (BOCM), donde se explica que la medida se circunscribe en el ámbito "de las políticas activas de empleo" contenidas en el apartado de 'Oportunidades de empleo y formación'.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones todas las entidades locales que sean ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y que "se comprometan a la adscripción de trabajadores desempleados perceptores de prestaciones por desempleo en la realización de trabajos temporales de colaboración social".

Los proyectos del programa tendrán una duración máxima de seis meses para cada obra o servicio y durante la misma el desempleado participante recibirá, por un lado, experiencia profesional y, por otro, formación, con una duración de diez horas por cada mes de duración.

Esta formación, según consta en la orden, no tiene por qué estar vinculada "específicamente" al puesto de trabajo objeto de la colaboración social y podrá ser, o formación oficial o promovida por los servicios públicos de empleo; o formación en tecnologías de la información y comunicación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, u otras materias transversales.

CCOO y UGT dudan de la legalidad del plan

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, dudan de que el plan de empleo de la Comunidad de Madrid tenga soporte legal y han dicho que van a estudiar si es inconstitucional.

Toxo ha explicado que puede darse la paradoja de que se despida a una persona de un ayuntamiento y ese mismo trabajador, con su prestación por paro, pase a prestar servicios en la misma entidad que le ha despedido. Eso no es "sostenible" en un país democrático, ha recalcado Toxo, que además ha criticado que se justifique la medida para que no se "oxiden" los parados.

En este sentido, ha señalado que nadie está en el paro por voluntad propia y que España no es un país "de vagos y maleantes". Méndez ha señalado que con este tipo de iniciativas se produce una "perversión" ya que se sustituye a un trabajador con derecho a cobrar un salario por otro que trabaja gratuitamente.