Protegidos

La política ha llegado al caso de los abusos de los Maristas… y no para bien. La Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat ha dado marcha atrás y ha retirado la orden para ejercer la acusación popular en el proceso judicial abierto contra el exprofesor Joaquim Benítez, pederasta confeso y el único de los 12 docentes acusados cuyos delitos no han prescrito. También el Consorci d'Educació de Barcelona ha dado carpetazo a la investigación interna sobre los abusos sexuales. En este caso, se impuso la voluntad de la institución mayoritaria en el consorcio: la Generalitat. El Ayuntamiento de Barcelona, en minoría, no tira la toalla y se ha personado como acusación popular.

Las razones esgrimidas por la Generalitat huelen a excusas de mal pagador y elucubrar sobre los verdaderos motivos que determinan su actuación resulta, como mínimo, descorazonador.

El caso Maristas no admite dudas. Estamos ante un puñado de escuelas que durante décadas ocultaron decenas de casos de abusos de niños. Hasta tres pederastas han confesado su culpa. Y todo esto se ha perpetrado con nuestro dinero. Fondos que, año tras año, reciben de las arcas públicas. Mientras, la prescripción penal deja sin castigo a la mayoría de los culpables. Para tranquilidad de estos (por acción o por omisión de ayuda a los niños abusados), para dolor de las víctimas y para vergüenza de todos, la Generalitat ha elegido a quién proteger.