EDITORIAL
El negocio inmobiliario
Conviene estar precavidos ante las malas artes de quienes aspiran a la ganancia fácil sin deontología profesional
Es evidente –y así lo certifican las cifras de los últimos años – que el sector de la vivienda se ha ido recuperando, con un crecimiento sostenido que tanto afecta a las de nueva construcción como a la compraventa de segunda mano, uno de los parámetros que los expertos señalan como indicativos de la salida de la crisis en el mercado inmobiliario, además de la presencia de inversores extranjeros y la reducción del 'stock' de viviendas acabadas hace años y pendientes de venta.
La recuperación global, sin embargo, está creando un nuevo problema, en parte similar al de la burbuja inmobiliaria que acentuó la crisis. El aumento desorbitado de alquileres en Barcelona, la capital donde se produce con más intensidad, es el ejemplo más evidente de un fenómeno que también está arrastrando al alza a los precios de la vivienda adquirida.
La finalización de los contratos de tres años implantados en 2013, el auge de Barcelona como lugar de residencia para extranjeros y la tradición del alquiler ante una compra aun problemática, en especial en la franja de los jóvenes, ha disparado de manera considerable el precio, con el agravante de la escasez de inmuebles.
Todo ello, unido al hecho de que en previsión de futuras alzas los propietarios están a la expectativa, ha generado un auge considerable de los operadores inmobiliarios. Si se calcula que dos de cada tres agencias cerraron a causa de la crisis, ahora se da el caso contrario: en la capital catalana se ha pasado de 1.624 agentes registrados en 2010 a casi 3.900 en la actualidad.
Los expertos anotaron que la antigua atomización del sector iba a derivar en un escenario de mayor concentración de empresas con más volumen de negocio, pero lo cierto es que, y de manera singular en Barcelona, el repunte de las inmobiliarias es perceptible a simple vista.
PRÁCTICAS FRAUDULENTAS
Hablamos de los inscritos en el Registre d’Agents Immobiliaris, sin contar con otros mediadores que no constan como APIS y que –a lomos de la reactivación del mercado– llevan a cabo prácticas agresivas y fraudulentas en un entorno de demanda creciente y oferta escasa, a costa de una explotación laboral que convierte a los trabajadores, autónomos en su gran mayoría, en una especie de detectives atentos a la menor variación del parque de viviendas. Conviene estar precavidos ante las malas artes de quienes, en río revuelto, aspiran a una ganancia fácil sin deontología profesional.
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