La misión suicida de Puigdemont

Cuando uno no posee la fuerza, el respaldo y el reconocimiento suficientes para salir vencedor de una disputa, lo más inteligente es no consumar el desafío. Este axioma es conocido por todos los estrategas, militares y civiles, directivos empresariales y sindicalistas bregados.

Pero si por una razón u otra el desafío ha sido consumado pese a la evidencia de que la victoria no es posible, el objetivo será no perder en el lance las propias posiciones o malograr las menos posibles.

Actuar en sentido contrario, arriesgar el dominio propio a sabiendas de la imposibilidad de batir al adversario ni aun ayudado por la sorpresa u otra astucia, indica que la acción está guiada por un orgullo, un narcisismo, una desesperación o una megalomanía suicidas.

¿Qué otro propósito podía guiar la efímera y estéril declaración de independencia aprobada por un Parlament partido por la mitad? Aprobada, conviene subrayarlo, después de que la mayoría soberanista violase los derechos de la oposición parlamentaria, el Estatut y la Constitución. Después de que los bancos y las principales empresas radicadas en Catalunya, hasta un total de 1.700 compañías, diesen la espalda a una independencia unilateral, y por tanto ilegal, trasladando sus sedes a otras zonas de España. Después de comprobar que el Estado tenía todos los resortes listos para intervenir la Generalitat si esta tomaba el camino de la secesión. Y después de que la comunidad internacional y de forma muy especial la UE y EEUU avalaran la intervención del autogobierno catalán por el Estado si la Generalitat proclamaba la independencia contra la Constitución.

Culminar en esas condiciones el desafío era una misión suicida, además de descabellada. No solo para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los suyos. Era descabellado y suicida para Catalunya entera y sus instituciones, que se veían arrastradas a la dimensión desconocida de una intervención constitucional inédita en los 39 años de historia de la Carta Magna. Una intervención que, pese a sus gélidas aristas, quedaba legitimada automáticamente por la DUI. También era descabellado y suicida  para la estabilidad, la economía y la paz social del país, tras las llamadas a la ciudadanía a oponer resistencia a la intervención legal del Estado.

Si todo esto es lo que había por perder y lo que había por ganar era simplemente inverosímil, ¿qué propósito ha guiado a Puigdemont y su Gobierno? ¿Maquillar su incapacidad ante los cientos de miles de seguidores a los que les habían prometido una independencia cómoda, rápida y sin costes? ¿Galvanizar a ese sector para resistir y convertir la intervención en el Vietnam de Mariano Rajoy?

Si el propósito de Puigdemont era este último -lo que no descartaría forzosamente el primero-, Rajoy se lo ha desmontado con una hábil jugada: la intervención constitucional se centrará en la celebración de elecciones en menos de dos meses -la misma salida que 24 horas antes tuvo en sus manos el president pero no se atrevió a tomar-, en lugar de la ocupación militar con la que sueña la agit-prop secesionista.