La incógnita de Bildu

La tensión política que vive el país vuelve a poner al Tribunal Constitucional en el compromiso de dirimir lo que se podría haber resuelto en otras instancias. Antes de la medianoche de mañana debe ratificar o rechazar la ilegalización de las listas electorales de Bildu para las municipales del día 22 que ha sentenciado el Tribunal Supremo.

Bildu es una coalición que reúne a un partido nacionalista en horas bajas, Eusko Alkartasuna; a un grupo escindido de lo que fue el comunismo en el País Vasco, Alternatiba; y a independientes del mundo aberzale radical. Los dos primeros son legales, pero de los últimos se puede sospechar con fundamento que, de estar legalizada Batasuna, militarían en sus filas.

La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo centró el análisis de la coalición en el tercer grupo. Nueve de los magistrados consideraron que el distanciamiento del terrorismo de esos pseudobatasunos no es sincero, una sospecha que les llevó a impedir su participación en los comicios para proteger la democracia. Los otros seis entendieron que la sospecha no es suficiente y que el bien supremo de la democracia es precisamente que jueguen todos los que no cometan delitos. Presentado el recurso, será el Constitucional el que diga la última palabra. En caso de un pronunciamiento favorable, no sería la primera vez que desautorizaría al Supremo. Tras la ilegalización de Iniciativa Internacionalista por parte del Supremo en el 2009 -con 11 votos a favor y cinco en contra-, el alto tribunal dijo que «la insuficiente entidad probatoria de los indicios (...) no puede justificar el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política». Ese antecedente permite suponer que ahora podríamos asistir a un desenlance semejante.

De ser así, no sabemos en qué lugar quedaría el Gobierno, que dio instrucciones a la abogacía del Estado y a la fiscalía para que recurrieran; y tampoco hasta dónde llegaría la suspensión que el PNV ha decretado sobre su colaboración con Rodríguez Zapatero. El PP ya ha anunciado que en ese caso acusaría al Gobierno de permitir la concurrencia de Bildu a las elecciones. Pero, se pronuncie como se pronuncie el Constitucional, la sensación de cualquier persona sensata es que la ilegalización no se corresponde con los esfuerzos hechos por los aberzales para participar en el juego democrático, y que el Gobierno ha dado pasos perfectamente evitables impelido por el Partido Popular y sus medios afines.