Hacienda somos todos, y Bankia también

Será casualidad o no, pero con un Gobierno del PP en funciones y sin posibilidad de volver a utilizar la mayoría absoluta en unos cuantos años han empezado a llover sentencias y decisiones judiciales que parecían imposibles hace solo unos años. Esta semana pasada hemos tenido dos ejemplos con Bankia y la Infanta.

El primero lo ofreció el Tribunal Supremo, que dictaminó que la salida a bolsa de Bankia se basó en informaciones incompletas e inveraces ofrecidas en el folleto a los futuros compradores sobre el estado real de las cuentas del banco. Que es lo mismo que decir que, en realidad, fue un engaño. Dado que en aquella operación colaboraron la mayoría del sector financiero y el propio Gobierno, y que además los folletos y la salida a bolsa tenían el aval, directo o indirecto, de los supervisores (Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España), la sentencia del Supremo tiene mucho valor. Y sería deseable que tuviese consecuencias más allá del retorno del dinero a los accionistas que acudieron a aquella salida a bolsa y lo reclamen.

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Ahora todo el mundo se saca responsabilidades de encima. El entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) habla de la sentencia como si no tuviese nada que ver con su actuación, cuando debería haber supervisado mucho mejor las cuentas de las cajas de ahorros que se fusionaron para crear Bankia. El actual ministro de Justicia en funciones, el popular Rafael Català, dice que habría que revisar todo el proceso de salida a los mercados de la entidad de presidía Rodrigo Rato y quién lo autorizó, olvidando que en el origen del mal hay la pésima gestión de Caja Madrid cuando estaba prácticamente orientada por políticos vinculados al PP. Mafo se esforzó en señalar que la sentencia del Supremo hará que todos los contribuyentes paguemos prácticamente el 70% del dinero que se devuelva a los accionistas que reclamen (dado que esta es la participación del Estado en Bankia), obviando de nuevo que nada de esto hubiese sucedido con un buen control previo de las cuentas de las entidades financieras.

La misma semana que el Supremo nos recuerda que Bankia somos todos, tres juezas de Baleares han decidido mantener en el banquillo a la Infanta Cristina en el juicio por el caso Nóos de desvío de fondos públicos. Con su medida, han dado credibilidad a aquello de que Hacienda somos todos y que la abogacía del Estado quiso limitar a un simple eslógan publicitario. Algo está cambiando, o al menos lo parece.