Golpe de Estado local

En 35 años de democracia hemos tenido mayorías absolutas. En algunos casos y en ciertos asuntos, la forma de ejercer el poder ha monopolizado por ello las decisiones. En parte es inevitable, pero en otros casos la mayoría aritmética no ha impedido que en temas relevantes se mantuviese un mínimo decoro, un estilo constitucional y un sentido de Estado y no solo partidista.

Pero aquello se perdió. Asistimos estos últimos tres años a una forma de gobernar que, aun con legitimidad de origen en los votos obtenidos en su momento, ha perdido o menguado su legitimidad de ejercicio. En este tiempo han actuado en la práctica investidos de un estilo neoabsolutista y autoritario. Todo lo han aprobado solos, y ni en asuntos de gran relieve tuvieron la sensatez o humildad de buscar apoyos, de escuchar y acercarse a los demás. Han gobernado desde la idea que tienen enraizada de que el poder es suyo. No son ni detentadores, sino que les pertenece en exclusiva. Pero cuando estén próximos a pasar a la historia como el Gobierno más efímero de la democracia exigirán al PSOE sentido de Estado y un cierto pacto de ambos partidos.

Pero, mientras, aprovechan al máximo la utilización en su exclusivo y partidista beneficio del ejercicio del poder, con decisiones que, en varios casos, son muy regresivas desde una perspectiva democrática.

Ahora el PP quiere impulsar un auténtico golpe de Estado a nivel electoral local. Ya aprobó en el 2013 la mal llamada ley de racionalización (les encantan esos eufemismos) de la Administración local, que recorta el principio constitucional de la autonomía municipal. Pero lo que ahora quiere impulsar es más grave: cambiar unilateralmente y a escasos meses de las elecciones locales las reglas del juego. Imagínese, posveraniego lector, que usted lleva años jugando a naipes o al parchís con los mismos contrincantes y según unas reglas fijadas desde hace mucho por acuerdo y asumidas por todos. Como resulta que en la próxima partida su estilo de juego les va a producir unos riesgos graves de perder, lo que hacen es que muy poco antes, y por decisión unilateral, pretenden cambiar, para que les favorezcan, las reglas para la elección del ganador.

Desprecian el derecho como forma y como fondo. No basta, por democracia, ética y espíritu constitucional, la mayoría absoluta que tienen para aprobar una ley y cometer tal desafuero. Si una norma de ese tipo se puede modificar de modo caprichoso y en un exclusivo interés partidista, es una forma de emitir tics autoritarios y peligrosos y también de revelar que, por encima de su amada España, más aman a su gaviota. Además, con querencia a la mentira y a la propaganda falsa presentan esta medida bajo el rótulo de regeneración democrática. ¡Qué engaño! Asimismo, con esa propuesta están trasladando a la opinión pública su gran temor a perder numerosas alcaldías. Se delatan.

Las normas jurídicas son reglas de convivencia y tienen más valor si son asumidas por amplios sectores de los destinatarios. Esa pretensión de elección directa de alcaldes la tomaría el PP en solitario, con la oposición de todos los demás. Confío en que CiU, como el partido con más alcaldes en Catalunya y cuyo retroceso también será claro, no se preste a apoyar tal disparate.

Supone, asimismo, algo preocupante: el desprecio de las minorías. Con la elección directa del cabeza de la lista más votada saldrían electos sus candidatos en unas corporaciones que se volverían más presidencialistas y no participativas, y supondría inutilizar absolutamente el valor del voto de los partidos minoritarios. Todo conduciría al voto útil, y además supondría alejar a estos de la posibilidad de aportar también soluciones e ideas para un mejor gobierno local.

Gobernar no es solo mandar, algo que parece la idea innata del PP, sino también dirigir, dialogar, codecidir. No saben hacerlo si no gobiernan con mayoría absoluta, y como el mapa municipal cambiará de modo relevante (prolegómeno de su salida del Gobierno), saben que perderán muchos ayuntamientos. Por eso actúan. En lugar de modificar el estilo despótico que les perjudica, prefieren mantener el rumbo y cambiar ellos solitos las reglas para evitar su hundimiento. No les interesan la estabilidad ni la gobernabilidad, y menos eso de la «regeneración democrática». Solo el poder por el poder.

Pero hay que evitarlo. No solo un todavía tibio PSOE, sino particularmente las personas que pudieran tener, desde el valor constitucional del pluralismo, más simpatía por otras opciones, sean de UPD, IU, Podemos, Ciutadans, grupos independientes... La elección directa de alcaldes supondría que el voto a esos partidos, que representan a millones de españoles, quedaría absolutamente inutilizado.