En defensa de la democracia

A los ciudadanos, se llamen a sí mismos indignados o no, les asiste el derecho de mostrar su opinión también en público, y a manifestarse. Pero se sitúan al otro lado de la legalidad cuando impiden ejercer sus derechos a los demás; máxime si, como pasó ayer en Catalunya, tratan de evitar por la fuerza que el Parlament se reúna para cumplir con su obligación o se boicotea la tarea de los medios de comunicación. Para mayor paradoja, los hechos de la Ciutadella se produjeron justo el mismo día en que se cumplían 34 años de las elecciones del 15-J de 1977, las primeras democráticas tras casi 40 años de dictadura. El asedio de la Cámara es intolerable. Esa actitud no se corresponde con el lema `Democracia Real Ya¿ ni con lo que han defendido sus protagonistas.

El sistema democrático es mejorable, desde la ley electoral a cualquier otro aspecto, pero es intocable, y lo que hicieron ayer los concentrados en torno a la Ciutadella, que no solo trataron de cerrar el acceso sino que agredieron a varios diputados, no es intentar mejorar el sistema, sino atacarlo. Con esta actitud dan pábulo a quienes creen que el movimiento se les ha ido de las manos y ha caído en las de los provocadores, los antisistema que aprovechan cualquier circunstancia, como un acontecimiento deportivo, para incitar a las algaradas y a los disturbios. Asediar el Parlament es una acción antidemocrática que, además, pudo dar lugar a otros problemas de orden público de los que ellos serían los únicos responsables. En cualquier caso, hay que decir que el desastroso resultado de la operación limpieza de los Mossos del 27 de mayo en la plaza de Catalunya no puede justificar que ayer la Conselleria d'Interior careciera de un plan preventivo para proteger a los diputados menos aparatoso que el uso de helicópteros.

Con su actitud de ayer, los indignados también dan alas a quienes, desde el otro extremo, están reclamando la intervención policial, incluso sin tener en cuenta el fiasco de la plaza de Catalunya. Y no lo tienen en cuenta porque son defensores delcuanto peor mejor.Por eso no dudan en vincular los insultos al alcalde de Madrid y a su familia al movimiento contestatario. Si esa filosofía del deterioro de la situación política española es compartida por quienes están dirigiendo en estos momentos las protestas, ya pueden olvidarse de la solidaridad de la ciudadanía y de las simpatías que hasta ahora habían despertado.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA comparte la base del malestar de la gente joven, sobre la que se cierne la incertidumbre de un futuro marcado por el desempleo y las dificultades para disponer de una vivienda, como también denuncia la tolerancia con la corrupción que tan a menudo nos escandaliza. Pero no se puede tratar a todos los políticos como si fueran ladrones y, por extensión, a quienes los han elegido como necios. El movimiento del 15-M debe terminar con las agresiones y decidir su futuro. O lo canaliza bien o caerá en manos de provocadores que solo les conducirán a la frustración y a la manipulación.

Los políticos

De la misma forma, los políticos catalanes -como los del resto de España- deben dar respuestas a lo que sucede. Tienen que encontrar vías para encauzar el caldo de cultivo que hace tan fuerte este movimiento ciudadano de apenas un mes de existencia. No pueden escudarse en el Parlament y en la legitimidad de su elección democrática, ni en los manifiestos errores que cometen los dirigentes del movimiento, para hacer oídos sordos a lo que ocurre en las plazas del país.

Ese ambiente de tensión externa no impidió que en el hemiciclo del Parlament las cosas se desarrollasen con normalidad, y el PP y el diputado Joan Laporta apoyasen a CiU en la votación más importante de lo que llevamos de legislatura, tal como estaba previsto. Tanto el proyecto de presupuestos para este año como su ley de acompañamiento superaron las enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. El partido de Alicia Sánchez-Camacho se pudo presentar así ante la Cámara autonómica catalana como una organización responsable que brinda su apoyo para ayudar a combatir la crisis que vive el país, como un grupo patriótico que no huye de sus responsabilidades.

Los acuerdos cerrados con CiU, que han permitido al PP el acceso a las alcaldías de Badalona y Castelldefels, además de participar en el reparto de poder en la potente Diputación de Barcelona, a cambio de la abstención de ayer, forman parte de la nueva etapa política que se inaugura en Catalunya. Mejor o peor, pero democrática.