Soraya para todo

En su discurso de investidura, Mariano Rajoy fijó en tres premisas su política hacia Catalunya: el único pueblo soberano es el pueblo español; ningún poder puede privar al pueblo español del derecho a decidir sobre su futuro y su territorio; “mi primera obligación” es defender la soberanía nacional, la unidad, la igualdad de los españoles y el respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Hasta aquí, nada nuevo. Nada nuevo tampoco en su oferta retórica de “disposición al diálogo”. Sin embargo, al mostrarse dispuesto a estudiar fórmulas para mejorar la financiación autonómica, incluyó un apunte novedoso que ha pasado inadvertido. A la mejora de la financiación añadió la de la “solidaridad interterritorial”. ¿Quiere ello decir que por primera vez el Gobierno del PP está dispuesto a hablar del agravio que denuncia Catalunya, a discutir sobre la ordinalidad, para que las regiones solidarias no caigan puestos en el ránking de renta debido a un exceso de solidaridad?

Esta incógnita está lejos de ser resuelta, pero el siguiente movimiento de Rajoy ha sido encargar el contencioso catalán a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se encargará de la cartera de Administraciones Públicas o Territoriales hasta ahora dependiente de Cristóbal Montoro. ¿Significa esto, como han afirmado algunos analistas, que la reordenación del mapa autonómico deja de ser un problema solo legal y contable para convertirse en un problema político? Los antecedentes no invitan al optimismo, ya que Sáenz de Santamaría ha sido, desde la mesa de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, la voz que ha transmitido hasta cansarse la letanía de que la ley es la ley, de que no hay nada que hacer si no se respeta la ley y de que lo único que debe hacer el Gobierno es ocuparse de los problemas cotidianos de los catalanes como del resto de los españoles.

Es evidente que el respeto a la ley no va a caerse del cartel ni mucho menos porque, como diría Rajoy, nadie, ningún presidente del Gobierno, sea el que sea, puede incumplir la legalidad, pero es posible que por primera vez el PP esté dispuesto a diseñar una estrategia política para abordar el desafío secesionista. En su toma de posesión de la cartera de Administraciones Territoriales, Sáenz de Santamaría aseguró que, si en el primer Gobierno de Rajoy el objetivo era económico –“salvar a España de la crisis y evitar el rescate”--, en la legislatura que ahora comienza “es más un objetivo político y territorial”,  que son precisamente los dos inmensos campos que el presidente le ha reservado a ella: las negociaciones políticas y parlamentarias para sostener un Gobierno en minoría y el intento de resolución del llamado problema catalán.

La vicepresidenta afirmó que tratará de “acortar distancias” con la Generalitat y prometió “esfuerzo, empatía e imaginación” para afrontar el reto. Las tres condiciones las va a necesitar, sobre todo la tercera. Un primer indicio de si hay o no un nuevo clima se verá en la decisión de si el 'president' Carles Puigdemont asiste o no a la conferencia de presidentes autonómicos que el Gobierno convocará pronto y que depende también de Soraya.