Responsabilidad energética

El pasado 14 de noviembre, una <strong>anciana de Reus</strong> fallecía en un incendio provocado por la solitaria vela con la que combatía la oscuridad. La muerte de Rosa desencadenó un rosario de<strong> reproches</strong> entre la empresa que por impago le había cortado el suministro eléctrico, los servicios sociales del Ayuntamiento y la Generalitat. Más allá de los argumentos exculpatorios de unos y las concesiones a la demagogia de otros, la tragedia de Reus pone el foco en las ineficiencias y carencias en los protocolos de prevención ante la pobreza energética, un fenómeno que la crisis ha agudizado hasta el punto de afectar a 2,5 millones de ciudadanos, medio millón de los cuales residen en Catalunya. Para hacer frente tanto a las evasivas interesadas como a los apriorismos indocumentados, el suplemento '+Valor' ha reunido a los expertos y a los sectores concernidos para evaluar los pasos dados contra la pobreza energética y desgranar las medidas que aún están por tomar. No están todos los que son, pero sí cuantos han querido estar.

Prevenir y evitar que los más golpeados por la crisis pasen frío o se vean privados de agua corriente es una responsabilidad compartida por todos: las compañías suministradoras, las administraciones más próximas, los familiares y los entornos vecinales.

Las distribuidoras, aunque solo sea por mejorar su reputación social, deberían extremar la vigilancia y garantizar, incluso cuando los servicios sociales no hagan bien su trabajo, que ningún abonado se queda sin suministro por no poder hacer frente a los pagos. Alegan en su favor que si la factura energética es más cara en España que en otros países avanzados es por la carga fiscal que esta arrostra, y porque los sucesivos gobiernos, en tanto que reguladores, han imputado al recibo costes que deberían endosarse a los presupuestos del Estado. No les falta razón, y tampoco cuando subrayan que los dividendos que reparten entre sus accionistas proceden cada vez más de sus inversiones en el extranjero y menos del negocio en España. Lo que no obsta para recordar que las eléctricas financiaron su expansión merced a las plusvalías logradas en España en los buenos tiempos. Es legítimo, pues, perdirles cierta recriprocidad.

También las instituciones tienen su responsabilidad. Como la de diseñar un bono social que no excluya a ningún pobre energético ni beneficie a familias numerosas con posibles. O perfeccionar los <strong>protocolos</strong> para despojar de pretextos a las compañías. O reforzar el seguimiento de las personas más vulnerables para que la descoordinación no se cobre más vidas como la de Rosa.