Hay salida para la pobreza energética

La pobreza energética, un drama social que se vive de puertas para adentro y que solo se hace visible cuando se producen accidentes como el que a mitad de mes acabó con la vida de la anciana Rosa en Reus, tiene solución. Esta es la conclusión a la que llegan todos los expertos que participan en el suplemento +Valor, que se publicará el martes. Sin embargo, aunque se han dado algunos pasos, como la aprobación por parte del Parlament de la ley 24/2015, el camino hasta la erradicación es largo y requiere del concurso de todas las administraciones, las empresas suministradoras y las entidades sociales. Hay que acabar con el problema "por justicia, no por caridad", defienden.

El +Valor reúne en su número del martes a un nutrido grupo de expertos en la materia, tanto del ámbito académico como asistencial y de la administración. Así, participan los profesores Pedro Linares y Juan Carlos Romero, de la Universidad Pontificia Comillas; José Luis López y Víctor Irigoyen, de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA); Joan Miquel Piqué, de EADA Business School; Ángela Arce y Daniel Ortiz, del Insitut Cerdà; Gabriela Benveniste, del Institut de Recerca en Energia de Catalunya; Montserrat Ribera, directora de la Agència Catalana de Consum; Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la Diputació; Susanna Roig, de Cruz Roja; y Maria Campuzano y Mònica Guiteras, de la Aliança contra la Pobresa energética.

Aunque sin consenso en las cifras, fruto tanto de la difusa definición de qué es pobreza energética como de la falta de estadísticas oficiales, se calcula que al menos un 7% de los catalanes (más de medio millón de personas) tienen dificultades o son incapaces de mantener su vivienda, porcentaje algo superior a la media española, que es del 6,3%. Según un estudio de Insight-E, en España hay un 28% de la población en riesgo de pobreza energética, cifra comparable a la de países como Polonia y Portugal.

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Los expertos del +Valor si coinciden en que las causas de la pobreza energética van más allá de la situación económica, que sería un hecho coyuntural, y señalan como razones estructurales, entre otras, el nivel de eficiencia energética de los hogares y, muy especialmente, el precio de la electricidad en España. Así, el precio de la energía doméstica ha crecido en España un 73% en el periodo 2009-2015, mientras que en la eurozona solo lo ha hecho en un 31%. En este sentido, el profesor Piqué pone el contrapunto al asegurar que no es de recibo que en España haya ciudadanos que no pueden pagar sus facturas de suministros básicos cuando el país es rico en sol. En este sentido, reclama que se haga una reivindicación más de fondo: “cómo podemos conseguir energía limpia y suficientemente barata para que nadie tenga que ser pobre energético”.

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Aunque la ley 24/2015, aprobada por unanimidad en el Parlament, es un paso adelante, tanto que hace que Catalunya tenga una de las legislaciones más avanzadas en materia energética, los expertos sostienen que con solo esta norma no basta. De entrada, falta su reglamento y hay que afinar el protocolo de actuación que de ella emana para que no se repitan casos como el de Rosa. Esta norma impide el corte de suministro a personas o familias en situación de vulnerabilidad. Susanna Roig defiende que con este protocolo “todos los actores deberían actuar con la máxima responsabilidad” y que siempre “debería primar un criterio garantista y preventivo”.

El bono social está en la mirada de los expertos y sostienen que es urgente reformarlo para acabar con su ineficiencia e injusticia. “Es un despropósito que se destinen tantos millones de euros a personas que no los necesitan”, sostienen Ángela Arce y Daniel Ortiz. Desde la Aliança contra la pobresa energética agregan que mientras el número de beneficiarios del bono social ha disminuido “casi en un 18% desde que se creó, la pobreza energética no para de aumentar”. Para la Asociación de Ciencias Ambientales, el bono debería incluir todos los consumos energéticos, y no solo el eléctrico, y a él solo deberían poder acceder los hogares vulnerables.

Los expertos señalan también otras medidas para erradicar la pobreza energética, como son, entre otros, mejorar los mecanismos de identificación detección y medición del problema, invertir en ahorro energético e impulsar un plan de mejoras energéticas en las viviendas.