Crece la tensión entre el Gobierno venezolano y la prensa en vísperas de la 'toma de Caracas'

La 'toma de Caracas' que programa la oposición para este jueves 1 de setiembre con el propósito de acelerar el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro genera nuevas fricciones entre el Gobierno venezolano y medios de comunicación. Al menos eso es lo que aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Las autoridades, denunció, se proponen deportar a los enviados de Al Jazira que viajaron para reportar una movilización callejera que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) considerada crucial en su disputa con el chavismo. Decenas de periodistas internacionales son esperados en Caracas en las vísperas de esa jornada, y el sindicato no descarta situaciones similares. El pasado viernes, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) expulsaron de Venezuela a un grupo de políticos ecuatorianos de centroderecha que había viajado con la intención de visitar en la cárcel al dirigente opositor Leopoldo López.

A medida que pasan las horas, se incrementa la tensión política. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSU) decidió ocupar este martes las calles de la capital venezolana para “defender la revolución”. En medio de una polarización en constante aumento, el diario 'El Nacional' denunció que su sede fue atacada con excremento en llamas excremento en llamas. “Pareciera que es lo único que les queda en el cerebro, además que demuestra su falta de argumento. Ellos nos acusan de cualquier cosa”, dijo su director, Miguel Henrique Otero.

La Conferencia Episcopal Venezolana pidió al Gobierno que garantice la 'toma de Caracas' porque se trata de “un derecho constitucional” que debe ser amparado “por los organismos del Estado”. Los obispos lanzaron “un llamamiento para que todos los hombres y mujeres de Venezuela, cualquiera que sea su condición y su posición política, al expresarse lo hagan con el respeto que merecen las opiniones contrarias”.

La MUD asegura que Maduro está poniendo obstáculos para la realización normal de la protesta. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró que la detención de un dirigente de Voluntad Popular, uno de las agrupaciones de esa coalición, es parte de la “arremetida del régimen”. Yon Goicochea fue detenido sin “mayores explicaciones”, de acuerdo con su abogado, Nizar El Fakih.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello dijo que Goicochea fue encontrado con explosivos y aseguró que la MUD no podrá “tumbar” al Gobierno con sus acciones aunque cuente con el apoyo mediático y empresarial. “Nuestra propuesta siempre será la paz, pero a veces tristemente  hay que conquistarla peleando”.

LA FECHA DE LA CONSULTA REVOCATORIA

Las disputas entre el chavismo y la oposición en el espacio público tienen como inevitable trasfondo a la consulta revocatoria. Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que la segunda fase del revocatorio se realizaría entre el 24 y el 30 de octubre. En ese lapso, la MUD debe reunir el 20% de las firmas del padrón electoral firmas del padrón para allanar el camino de las urnas. Se trata de unos cuatro millones de avales.

Hernández sugirió al respecto que la 'toma de Caracas' no tiene sentido porque la “exigencia” opositora “realmente ya tiene una respuesta”. Pero los partidos que buscan desplazar electoralmente a Maduro vislumbran en el cronograma de la CNE un laberinto. La MUD descarta que conseguirá las firmas necesarias. Sin embargo cree que, en caso de que eso suceda, el Gobierno convocaría al referendo justo después del 10 de enero.

Y si Maduro fuera revocado por los votos no habría margen de tiempo para convocar unas elecciones presidenciales anticipadas. Entonces el vicepresidente Aristóbulo Istúriz  gobernaría hasta el 2019. La oposición está convencida de que la única manera de evitar ese escenario es con la movilización permanente. 

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