Pulso en Europa
Bruselas expedienta a Hungría por infringir principios democráticos
La Comisión Europea abrió ayer un expediente a Hungría por sus controvertidas leyes sobre el Banco Central nacional, la prejubilación forzosa de los jueces y por las restricciones a la independencia de la autoridad responsable de la protección de datos personales. El Ejecutivo comunitario considera que esas nuevas leyes, que emanan de la polémica nueva Constitución, vulneran el derecho europeo y son contrarias a los principios democráticos fundamentales de la Unión Europea (UE).
La Comisión Europea dio un mes de plazo a Hungría para que rectifique esas leyes, la mitad del plazo habitual, porque el expediente se tramita por procedimiento de urgencia. No obstante, el Ejecutivo comunitario, a pesar de la gravedad de las implicaciones para los principios democráticos, ha preferido tratar esas infracciones como una irregularidad legislativa tradicional en lugar de activar el procedimiento especial por violación de derechos y valores fundamentales.
«No queremos que persista por más tiempo la sombra de duda sobre el respeto de la democracia en ese país», señaló el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que se ha mostrado bastante acomodaticio con los sucesivos comportamientos autoritarios del Gobierno conservador húngaro de Viktor Orban.
BARROSO, CONFIADO / «La Comisión Europea está determinada a emprender cualquier acción legal necesaria para asegurar que la compatibilidad con la legislación de la UE se mantiene», advirtió Barroso. No obstante, Barroso se mostró confiado en que Hungría rectifique y no sea necesario proseguir con el expediente, que podría culminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Si la respuesta del Gobierno húngaro no es satisfactoria a esta primera carta de emplazamiento, la Comisión Europea emitirá un dictamen, exigiendo formalmente la modificación de las leyes en el plazo de un mes. Y si Hungría no acata ese ultimátum en el plazo exigido, el Ejecutivo comunitario presentará entonces una denuncia por violación del derecho europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Gobierno húngaro, que hasta ahora ha hecho caso omiso de las advertencias previas de las autoridades comunitarias, aseguró que está dispuesto a «resolver» los problemas planteados. Sin embargo, Orban, que hoy intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo, acusó en tono beligerante, a través de su portavoz, a «la izquierda internacional» de difundir «calumnias y mentiras infundadas» sobre Hungría.
El Ejecutivo comunitario considera que la decisión de adelantar la edad de jubilación obligatoria para los jueces a los 62 años pone en cuestión la independencia judicial, ya que constituye una purga encubierta para deshacerse de 250 magistrados incómodos para los planteamientos ultraconservadores del Gobierno de Orban. Un nuevo organismo judicial también ha sido dotado de amplios poderes discrecionales sobre los tribunales.
La Comisión Europea estima también que la independencia del Banco Central húngaro queda socavada por la nueva legislación, que permite al ministro de Economía participar en las reuniones del comité monetario y obliga a la institución a presentar al Gobierno previamente la agenda de los temas a tratar en las reuniones, así como las nuevas normas para destituir al gobernador del Banco Central y a los miembros del comité monetario de la institución y para nombrar a los vicegobernadores y a nuevos consejeros adicionales.
RIESGO DE QUIEBRA / La controversia sobre la independencia del Banco Central húngaro amenaza con llevar al país a la quiebra, ya que provocó que la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendieran sine die en diciembre las negociaciones para la concesión de nuevas ayudas de 35.000 millones de euros que el país necesita para remontar la crisis financiera. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, volvió a advertir que hasta que no se rectifique la legislación no se reanudarán esas negociaciones.
La nueva legislación húngara también ha provocado la sustitución anticipada del responsable de la protección de datos personales y confiere al Gobierno poderes arbitrarios para poder cambiar en el futuro al nuevo responsable de la nueva Agencia Nacional de Protección de Datos, que vulneran gravemente el derecho europeo.
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