sakineh Mohammadi-Ashtiani sigue sin estar salvada, ni mucho menos. Pero la creciente presión internacional incomoda lo bastante al régimen de Teherán para provocar un goteo de reacciones de las autoridades que da a entender que la batalla por la vida de esta mujer aún no está perdida. Ayer fue un portavoz del Ministerio de Exteriores quien se encargó de recordar que la condena de Sakineh a morir lapidada por adulterio está «suspendida» y su caso «está siendo revisado».
Votación de la resolución en la Eurocámara, ayer en Estrasburgo. afp / frederick florin
Información publicada en la página 13 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 09 de septiembre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
Eso está aún lejos, sin embargo, de disipar el peligro de que esta mujer iraní de etnia azerí, de 43 años y encarcelada desde hace cinco, acabe siendo ejecutada. De hecho, la suspensión de la lapidación se anunció en julio, después de que el caso cobrara notoriedad internacional gracias a las denuncias de su abogado, Mohammad Mostafai -quien se exilió el mes pasado ante la persecución policial-, pero nada impide que la revisión pueda confirmar la sentencia o desembocar en una condena a muerte en la horca, como especula la prensa iraní.
SEGUNDO PROCESO / Además, el propio portavoz de Exteriores, Ramin Mehmanparast, recordó también ayer en sus declaraciones a la cadena pública iraní en inglés Press TV que el otro proceso abierto a Sakineh, por supuesta complicidad en el asesinato de su esposo, «sigue su curso» y también puede llevarla a la horca.
Amnistía Internacional calificó ayer la suspensión de «insuficiente» y anunció que seguirá con sus acciones de denuncia. «Ahora más que nunca, la presión internacional debe ser más fuerte, para que se le conmute la pena de muerte y asegurarnos de que no se fabrican cargos contra ella relacionados con la muerte de su marido», dijo a la agencia Efe el director de la organización en España, Esteban Beltrán.
Ante el clamor social y diplomático que ha levantado el caso en todo el mundo, Teherán sostiene que se trata de una campaña de EEUU para dañar su imagen y relacionada con la presión sobre su programa nuclear. «La defensa de una persona juzgada por asesinato y adulterio no debería vincularse con los derechos humanos», dijo el martes Mehmanparast a la agencia AFP.
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