Transparencia y confianza van de la mano

Es indudable que la crisis económica vivida durante estos últimos años ha afectado de forma aguda a las familias medias españolas. Variables como el desempleo, la reducción de su renta real  y la desigualdad de los ingresos percibidos han deteriorado en general su calidad de vida. La última encuesta del INE disponible sobre Condiciones de vida 2013 así lo revela: la población en riesgo de pobreza se situaba en el 20,4% de la población total, mientras que un 41% de los hogares no tenía capacidad para afrontar algún gasto imprevisto.

Paralelamente a esta situación, se ha extendido un sentimiento de desconfianza hacia la clase política y un importante deterioro de la imagen de la Administración. Según el informe la How's Life? publicado por la OCDE, entre el 2007 y el 2013 el porcentaje de españoles que aseguraban confiar en sus instituciones gubernamentales caía del 48% al 17%, uno de los mayores descensos producidos a nivel mundial según este estudio. Asimismo, el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) recogía a través de la Encuesta sobre la confianza en el sistema político la valoración media que hacían los españoles: el 81,7% de los encuestados se sentían totalmente insatisfechos, otorgándole una nota de entre 0 y 4 puntos.

Se desprende por tanto, y según la opinión de la ciudadanía, que la administración actual no asume en general el papel que le corresponde y que no es otro que gestionar su voluntad. Es evidente que romper esta tendencia pasa inevitablemente por la transformación de la administración. Se trata de potenciar las mejoras ya realizadas, y que son numerosas, e incorporar nuevas prácticas con el objetivo de perfeccionar su eficiencia y modernizar su funcionamiento.

El próximo 24 de mayo, de acuerdo con lo establecido por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), está previsto que se celebren en España elecciones municipales. Asumiendo que el ayuntamiento es el organismo administrativo más cercano al ciudadano, los representantes elegidos dispondrán de una nueva oportunidad para asentar  las bases e iniciar este proceso de cambio. Una forma de actuar y tomar decisiones que permita restaurar  la confianza en la administración y solo como derivación de ello, la de sus representantes.

Sin querer ser exhaustivo, existen una serie de variables que son claves en este proceso para lograr una Administración adaptada a los cambios de la sociedad del siglo XXI.  Una  de ellas es la gestión económica a través de los presupuestos.

Aunque discutir las decisiones del pasado sirve de poco, entre otras cosas por su carácter irreversible, la mala gestión en general de los presupuestos de los ayuntamientos durante estos últimos años ha implicado asumir una deuda de casi 32.000 millones de euros (aproximadamente el 4% del PIB, si añadimos también la deuda de las diputaciones, consejos y cabildos insulares). Aunque es cierto que el 30% de este importe lo asumen cinco capitales de provincia, la  deuda  media se sitúa en los 680 euros por habitante. No obstante en el análisis detallado de los datos veremos que hay una dispersión notable respecto a esta media. Así, por ejemplo, Parla es el municipio que, no siendo capital de provincia, contabiliza mayor deuda por habitante: 3.289 euros. En el caso de Catalunya,  lo es Reus con una deuda de 2.717 euros. Ante estas diferencias tan significativas, deberíamos preguntarnos si el nivel de servicios prestados por estos ayuntamientos es proporcional al volumen de deuda  contraída. Me temo que no.

Cuestión de madurez política

Es indudable que la demanda social de servicios va cada vez más en aumento. Pero también es cierto que los recursos económicos de la administración son  limitados. Más aun si  tenemos en cuenta los fondos que deben destinarse a la devolución de la deuda contraída. Como resultado de esta situación, la gestión económica pasa inevitablemente por elaborar políticas presupuestarias, que estén bien justificadas y que además sean sostenibles en el tiempo. Es una cuestión de sentido común y madurez política.

Un pilar importante en este proceso es la transparencia de la información económica. Se trata de la herramienta básica que permite al ciudadano confirmar que sus impuestos se destinan de la mejor manera posible al bien común. En pleno siglo XXI ya no hay pretextos para no ser transparentes, ni tampoco para que planeen dudas o sombras sobre lo público. Más aún,  si esta exigencia es de obligado cumplimiento para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, como son las fundaciones.

Recomendaría al lector la visita de algunas páginas web como la de la ciudad de Belfast (http://www.belfastcity.gov.uk/council/Publications/Financeplan.aspx) o la de New York (http://www.nyc.gov/html/omb/html/publications/publications.shtml). Sin duda dos claros ejemplos de transparencia, en donde se describe de forma muy detallada, los recursos obtenidos y la aplicación que se le ha dado a los impuestos pagados por los contribuyentes. Solo con estas buenas prácticas aseguraremos que no se repitan situaciones anteriores (corrupción, expolio de fondos públicos, amiguismo etcétera) y como consecuencia de ello el ciudadano vuelva a confiar en un ente tan importante como es el  ayuntamiento y la Administración en general.