Sindicatos y patronal rechazan cambiar la pensión de las madres

El Gobierno solo cuenta con el apoyo de los suyos, de los diputados del Partido Popular (PP), para llevar a cabo su propuesta de complementar las pensiones de la mujeres con hijos que se jubilen a partir del próximo 1 de julio. Tras el rechazo de los grupos parlamentarios la semana pasada, ayer fueron los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme las que expresaron su oposición a utilizar la Segutridad Social para pagar políticas de fomento de la natalidad o acabar con la discriminación de rentas entre mujeres y hombres.

La propuesta fue tachada de «discriminatoria» porque excluye a las actuales pensionistas y en concreto a las más de 300.000 mujeres que cobraban una pensión  no contributiva de unos 370 euros al mes.

Carlos Bravo y Toni Ferrer, en representación de las organizaciones sindicales, y Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán, por parte de las patronales, enmendaron en su totalidad la propuesta presentada la semana pasada por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que busca subir el 5% la pensión a las madres de dos hijos, el 10% a las que hayan tenido tres y el 15% a las que tengan más.

Los agentes sociales coincidieron en que la propuesta no es un incentivo a la natalidad. En todo caso, reclamaron una revisión del sistema de pensiones para aumentar sus ingresos, sobre todo si el Gobierno no aclara de dónde saldrán los más de 51 millones que costará este complemento en el 2016.

Sacar dinero del fondo de reserva para las pagas extra de los pensionistas reduce los fondos destinados a prestaciones. Por ello CCOO y UGT pidieron frenar esta caída de fondos con propuestas como subir temporalmente las cotizaciones por contingencias comunes, que supondrían unos ingresos de 3.000 millones de euros; destinar a las prestaciones gran parte de lo recaudado en la lucha contra el fraude -unos 6.000 millones-; incrementar el salario mínimo y que el Estado asuma otros gastos del sistema que nada tienen que ver con las prestaciones sociales como los gastos administrativos.

Asimismo los sindicatos reprocharon al Gobierno que su política de empleo precario ha mermado los ingresos porque los nuevos puestos de trabajo creados tienen cotizaciones bajas.  En concreto, Bravo cifró en más del 50% el peso de los contratos temporales y a tiempo parcial en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este tipo de contrato son ocupados mayoritariamente por mujeres.

FAMILIA TRADICIONAL  Ambos dirigentes sindicales han destacado además que solo va dirigido a un tipo de mujeres y no, por ejemplo, a los hombres que han optado por ser padres en otras circunstancias que no sea dentro de una familia tradicional.

Jordi García Viña, responsable de relaciones laborales de CEOE, destacó que la protección a la maternidad en la Seguridad Social «es buena» y «razonable», pero dudó que complementar la pensión de las mujeres con hijos sea un «incentivo claro» a la natalidad, por el tiempo transcurrido entre el nacimiento del hijo y el beneficio que se promete a las madres para cuando se jubilen.

Tanto García Viña y como Teresa Díaz de Terán defendieron la creación de infraestructuras sociales para niños o personas mayores mediante transferencias fiscales para que las mujeres, que son las que mayoritariamente deben dejar su trabajo para atender a los dependientes, no abandonen su carrera laboral.