El fiscal retira la acusación de fraude a 12 socios de PwC

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha retirado la acusación de presunto fraude a 12 de los 59 socios y exsocios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC). Otros 47 socios deberán afrontar la acusación de presunto fraude fiscal de 40 millones de euros en la venta de la división de la filial española de la firma de consultoría a la multinacional estadounidense IBM. Los hechos que ahora se juzgan se remontan al año 2002.

El juicio se inició ayer en la Audiencia Nacional, pero quedó suspendido cuando la acusación pública comunicó su decisión de excluir a alguno de los imputados, y el juez José María Vázquez Honrubia acordó la suspensión de la vista oral por un plazo de 20 días. La fiscalía también ha rebajado la cuota tributaria imputada a otros 22 acusados. Los acusados se enfrentan a penas de entre dos años y 14 años de cárcel.

La exclusión de la docena de imputados se basa en que las cantidades defraudadas al fisco no superaban los 120.000 euros, cantidad mínima para considerarse delito.

PwC sostiene que la venta investigada no fue "una operación ficticia y simulada con el único objetivo de pagar menos impuestos", sino que la reestructuración "fue pública y transparente, estuvo plenamente justificada desde el punto de vista económico y operativo, y se acogió correctamente a las ventajas fiscales contempladas en el régimen fiscal especial del impuestos sobre sociedades", señala.

La consultora también está procesada por no practicar la retención del IRPF derivada de esta operación. Argumenta que los socios "tributaron correctamente los 21 millones de euros recibidos" en forma de bonus por la venta del 2002, "al declararlos como incremento de patrimonio y no como rendimientos del trabajo, como acusa el fiscal".

Las cuatro sociedades en las que los socios prestaban sus servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes, por lo que PwC dejó de ingresar a Hacienda unos 12 millones de euros.

PENAS Y MULTAS

Los acusados para los que pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de la firma, y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.

El resto de socios que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austríaca.