Las eléctricas esperan una regulación "adecuada"

Las eléctricas están a la espera. Prefieren no hacer valoraciones sobre el acuerdo del PP y el PSOE para evitar los cortes de la luz a las familias con mayor riesgo de exclusión social. El acuerdo significaría blindar el servicio para los colectivos más vulnerables. Además, el Gobierno tiene la intención de que las eléctricas cofinancien con recursos del bono social estos suministros a estos colectivos.

"Esperamos a conocer los detalles para valorarlos", afirman en una de las grandes compañías de esta industria. Las compañías tienen trabajando a pleno rendimiento a sus potentes departamentos de regulación para que determinen las implicaciones que este pacto puede tener en su negocio. 

La patronal Unesa prefiere no hacer comentarios. Esta organización impugnó en su día el protocolo para evitar los cortes de la luz que publicó la Agència Catalana de Consum. El juez no consideró las medidas cautelares que reclamó esta partronal porque no se trataba de un texto con rango de ley, según explican fuentes del sector.

Además, en marzo de este año, el Parlament instó al Govern a desarrollar reglamentariamente ese protocolo. Ese fue precisamente uno de los aspectos de la disputa que mantuvieron Gas Natural y el Ejecutivo catalán cuando falleció una anciana en Reus que iluminaba su casa con velas porque le habían cortado el suministro.

REGULACIÓN ADECUADA

Unesa también presentó un recurso contencioso administrativo contra la instrucción que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en julio pasado con el fin de regular el papel de las empresas en relación con la pobreza energética. La instrucción era como una especie de reglamento que la Generalitat debería haber desarrollado para concretar la aplicación de la ley 24/2015, contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

En todo caso, desde el sector afirman que "nadie se opone a que existan ayudas o apoyos a los hogares vulnerables y que se aucerden o aprueben normas y regulaciones". La cuestión es que se haga "de la forma adecuada". Y recuerdan que en muchas ocasiones que se han impugnado normas que afectan a esta industria, como la que afecta a la financiación del bono social y que denunciaron todas las grandes eléctricas, han ganado. El juez consideró que no debían cargar solo con este descuento que beneficia a 2,4 millones de usuarios, las grandes eléctricas. 

Los mismos portavoces señalan que ley catalana contra la pobreza energética requiere el despliegue del reglamento para establecer de forma clara los requisitos que hay que cumplir para evitar los cortes de luz a los clientes más vulnerables. Las fuentes consultadas destacan que "hay que encontrar soluciones, legislar bien y, de esta manera, se evitarán pleitos".