El Ejecutivo prevé elevar la edad de la prejubilación

El objetivo de reducir el déficit e ingresar todo lo que se pueda en las arcas del Estado ha llevado al Gobierno a salpicar el programa de estabilidad 2012-2015, que este lunes se ha presentado en Bruselas, de medidas en esa dirección. Prevé poner trabas a las prejubilaciones, elevando la edad mínima, y apretar las tuercas a los funcionarios de baja por enfermedad.

En el plan que este lunes ha presentado ante las instituciones comunitarias, el Ejecutivo se compromete a que en el 2013 tomará medidas para limitar las prejubilaciones que supondrán una "elevación de la edad mínima" para acceder a la prejubilación, que en la actualidad está en los 52 años.

La limitación de las prejubilaciones es un tema recurrente en el discurso del PP. El pasado viernes el Consejo de Ministros rebajó el baremo de número de trabajadores (de 501 a 101) de las empresas que quiera incluir a mayores de 50 años y que deben hacer aportaciones a la Seguridad Social.

Sector público

El objetivo de perseguir el absentismo laboral se va a extender ahora al sector público. El programa de estabilidad se compromete a reformar "las condiciones de acceso y permanencia" de los funcionarios civiles en situación de baja y avanza la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la bajas modulando las retribuciones", es decir, que no percibirán el sueldo completo cuando estén de baja laboral.

Se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja y se eliminará el pago de subsidios en funcionarios que hayan recibido el alta o por incomparecencia injustificada al reconocimiento médico. El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".

En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia". Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".

Perjuicio a las arcas públicas

El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad", por lo que promovorá una reforma de los Funcionarios Civiles del Estado.