Gas Natural, condenada a pagar casi 14 millones al Ayuntamiento de Barcelona

Una sentencia del tribunal contencioso administrativo de Barcelona ha condenado Gas Natural a abonar al ayuntamiento 13,7 millones de euros a cuenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la construcción de la central térmica de ciclo combinado al Puerto de Barcelona.  El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha celebrado que los tribunales consideren que todo el mundo tiene que cumplir la ley y que "no ha de haber privilegios" entre las grandes empresas. 

El juez ha desestimado el recurso contencioso formulado por la compañía, según ha informado el consistorio. El ayuntamiento inició actuaciones inspectoras para la regularización tributaria de la ICIO por esta obra y constató que su coste inicial era de más de 440 millones de euros. La empresa constructora alegó que el coste total de ejecución había sido muy inferior, ya que se firmó con la modalidad de 'llaves en mano' y no disponían de facturas ni certificados de obras sobre el coste exacto. La empresa ha presentado recurso en el TSJC.

Explicaron que esta documentación estaría en poder de los contratistas, algunos de ellos con sede social al extranjero, y subcontratistas. Las alegaciones se resolvieron a finales de noviembre del 2012, deduciendo solo aquellas partidas que no debían de formar parte del coste de ejecución y que sí que habían sido debidamente acreditadas, además de las cantidades ingresadas por anticipado junto con la solicitud de la licencia.

Correlato judicial

La liquidación del impuesto resultante fue de 13.783.250 euros. Pisarello ha argumentado que Gas Natural había valorado estas obras en una cantidad "muy inferior" al coste que realmente tuvieron, pretendiendo así pagar menos impuestos del que correspondía. El primer teniente de alcalde ha aplaudido que los tribunales hayan dado la razón al ayuntamiento. "Vemos que la apuesta que hemos hecho como gobierno de ser firmes también con las grandes empresas tiene su correlato en las decisiones del poder judicial", ha apuntado.

Ha puesto de ejemplo la multa de siete millones de euros a FCC, la sanción de tres millones a Endesa y también el expediente abierto contra Airbnb por valor de 600.000 euros. "Demostramos que aquí todo el mundo tiene que cumplir la ley, y que no solo es una obsesión de un gobierno, sino que los tribunales están diciendo el mismo", ha insistido. Según Pisarello, si a los "pequeños" se los exige que se ajusten a la legalidad, también hay que ser "contundentes a la hora de demostrar que no hay privilegios".

Precisamente, ha opinado que en buena medida los problemas de la crisis económica "tienen como origen los privilegios que han disfrutado algunas grandes empresas que han disfrutado de situaciones de excepcionalidad absolutamente inaceptables".