BCN rechaza que Mas pague la deuda con fincas públicas

El turismo centró el pleno municipal de septiembre y la economía protagonizó ayer el de octubre. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprovechó ayer la minoría del gobierno de CiU para asestarle un duro golpe en uno de los asuntos más hirientes: la deuda de la Generalitat con la ciudad. PSC, PP e ICV-EUiA se aliaron para echar por tierra el acuerdo entre ambas administraciones para devolver en especie parte de lo que se debe, en concreto, la nave central de Can Batlló, un edificio de Via Laietana y el traslado de la prisión Modelo a la Zona Franca.

Xavier Trias inició el mandato con firmeza y defendiendo su parcela. Hasta el punto de insinuar que si el Govern no pagaba, no descartaba llevar el asunto a los tribunales. La cantidad rozó los 250 millones de euros y se convirtió en una golosina política en manos de la oposición, que aprovecha cualquier ocasión para recordarle al alcalde que se ha convertido en el "banco amigo de Artur Mas". Barcelona se ha convertido, así las cosas, en la capital saneada de un país arruinado que no encuentra el modo de reducir el montante sin echar mano, así lo han admitido los propios implicados, de "fórmulas imaginativas". Tanto, se quejan los grupos opositores, que ahora el ayuntamiento se dedicará a construir prisiones, como es el caso del centro penitenciario abierto de la Zona Franca que correrá a cargo de las arcas municipales y por el cual la Generalitat pagará alquiler.

Cambio de discurso

Ayer se aprobaron dos proposiciones que no evitan pero sí minan moral y políticamente el acuerdo hecho público hace escasos días por el cual parte del dinero que la Generalitat le debe al conssistorio se ingresará en ladrillos. El PP ya advirtió el pasado julio de que la ciudad dispone de 20 edificios vacíos, argumento que usó el conservador para poner en duda la estratégica situación de las fincas donadas a la ciudad para suavizar la deuda en 45 millones de euros. El gobierno local prevé instalar en Can Batlló la sede oficial de Hábitat Urbano, donde se espera que trabajen mil personas. Más dudas genera el edificio del número 8-10 de Via Laietana, así como el solar de la Modelo para el que los populares reclamaron una consulta entre los vecinos para decidir qué equipamientos deben ocupar ese espacio en un futuro sin presidiario.

El socialista Gabriel Colomé se quejó amargamente de la «falta de transparencia» y de que los grupos municipales hayan tenido que conocer el detalle de los acuerdos con el Govern a través de la prensa. Solicitó a la teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, que les haga llegar el detalle de los pactos sellados con la Generalitat y censuró que en todo este diálogo entre administraciones "no se haya tenido en cuenta el interés de los ciudadanos". "El señor Trias está siendo un perfecto soldado a las órdenes de Mas, pero lo hace con el dinero de los ciudadanos de Barcelona", zanjó.

A pesar de las muchas embestidas, parece que el gobierno de CiU está dispuesto a pagar el precio político de auxiliar al president en materia monetaria. Y la verdad es que está en condiciones de hacerlo, ya que además de haber recibido como herencia una situación económica envidiable, ha administrado la situación, no solo dejando lejos los límites de endeudamiento, sino generando un superávit de 200 millones en dos años que si para el gobierno es una señal de fortaleza, para la oposición es la demostración de que no se invierte en lo que realmente es importante para la ciudadanía. En este sentido, Jordi Portabella (ERC) recordó a Trias que el ayuntamiento no es una empresa que deba primar los beneficios. "El dinero en la ciudad, no en el banco", recetó.

Spanair en el recuerdo

Joaquim Mestre (ICV-EUiA) habló de "opacidad", de pacto "a medida de la Generalitat sin concreciones ni garantías" y de la inexistencia "de un informe municipal que justifique estas daciones en pago". Todo ello le llevó a acordarse de los 25 millones de promoción turística que sirvieron para intentar salvar Spanair. En nombre de Unitat per Barcelona, Joan Laporta fue mucho más comprensivo, ya que vinculó la situación económica del Govern con el "expolio sistemático" de España en Catalunya. De ahí que la coalición en la que está incluida ERC no secundara las proposiciones sobre la deuda.

Mucho más llano fue el camino para aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario del 2012 tras las abstenciones del PSC y UpB. Recasens blandió "el rigor, la transparencia y la estabilidad" -frase que repite a menudo y en ese orden- y recordó que no se ha aplicado recorte alguno en la capital catalana, sino más bien lo contrario, ya que se ha ampliado la inversión "en los lugares con necesidades". Javier Mulleras (PP) explicó su voto contrario porque, a su modo de ver, el gasto municipal responde a "una ideología concreta", en referencia a los actos, como los del Tricentenario, pagados con fondos públicos. Censuró que el 93% de los contratos se den sin concurso público -el límite para no elegir empresa a dedo es de 18.000 euros por encargo- y puso algunos ejemplos sobre la mala administración de los fondos municipales, como "el gasto de 21.000 euros en un curso de coaching en el circuito de Montmeló", o los 3,5 millones en seguridad privada para vigilar pisos vacíos del parque de vivienda pública del consistorio.

Lo que sí se mantiene en la carpeta de asuntos rechazados son las cuentas del 2013 y los números, también del año pasado, de la empresa municipal BSM. CiU se quedó aquí solo con la abstención de UpB, que apeló a la necesidad de "no debilitar la imagen de Barcelona".