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APLICACIÓN DEL ARTÍCULO

Puigdemont solo cobrará ahora el sueldo de expresident si acata el 155

La web de Hacienda publica las medidas de información sobre el personal cesado por aplicación del 155

El Estatuto de los expresidentes regula un sistema de derechos para cuando se deja el cargo

Salvador Sabriá / Rosa María Sánchez

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, en Bruselas. / ACN

Si Carles Puigdemont quiere cobrar como expresidente de la Generalitat deberá enviar una solicitud a la Secretaria General de Presidència de la Generalitat y este organismo estará obligado a comunicarlo con 10 días de antelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que este sea quien finalmente lo autorice o no. 

Instrucción firmada por Montoro

Esta es una de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución según consta en una instrucción sobre cuestiones de función pública firmada el 16 de noviembre por el ministro de Hacienda en sustitución del cesado vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La instrucción está publicada en el sitio web habilitado en septiembre pasado por el Ministerio de Hacienda para informar, entonces, sobre las medidas de intervención financiera de la Generalitat. En la web se da cuenta de las “medidas adoptadas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Catalunya”.

En la citada instrucción se dictan las directrices que debe seguir en los próximos días la Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat respecto a los empleados públicos que hayan cesado de sus cargos tras la destitución del Govern y la supresión de órganos de la Generalitat -como Diplocat (Diplomacia Pública de Catalunya)- al amparo del artículo 155.

Otro dilema para Puigdemont

Las directrices fijadas en relación al expresident, Carles Puigdemont, no son las las únicas adoptados por Hacienda, pero este caso tiene una carga política profunda. Al estar cesado, Puigdemont ya no cobra como ‘president', ya que además ahora el control de la caja de la Generalitat depende del Gobierno central. Y si quiere cobrar como ‘expresident', como le correspondería por ley, debería hacer la solicitud de indemnización en este sentido, lo que supondría que acata de hecho los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque se autodefina como el ‘president legítimo” de Catalunya.  

Por ello, es poco probable que Puigdemont haga este trámite, al menos hasta que se hayan celebrado las elecciones del 21-D y se haya formado un nuevo Govern. Este proceso puede durar como mínimo hasta el próximo 6 de febrero, pero si no es posible formar una mayoría podría alargarse hasta el 7 de abril, y si entonces tampoco hubiese sido posible alcanzar un acuerdo, se deberían convocar nuevas elecciones. Mientras tanto, si Puigdemont persiste en su actitud de ‘president' legítimo no tendrá acceso a ingresos públicos como ‘expresident’ a menos que lo solicite.

Estatuto de los expresidentes 

La ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat comporta para estos cargos el derecho a una indemnización equivalente al 80% de su sueldo durante el tiempo equivalente a la mitad de su mandato, o como mínimo, a una legislatura (cuatro años). Este porcentaje equivale a un salario anual de 116.376 euros, de acuerdo con les presupuestos de la Generalitat vigentes este año que fija los emolumentos del 'president' en 145.470 euros. No es por tanto vitalicia y además se deja de cobrar si el expresidente obtiene otros ingresos públicos. José Montilla, por ejemplo, no la cobra porque es senador. 

Los expresidentes también tienen derecho, de forma automática, a una oficina con tres funcionarios  a su disposición: un jefe de oficina, una secretaria técnica y una administrativa. Para ello, es necesario que el secretario general de Presidencia adopte los actos administrativos necesarios, que, de acuerdo con la aplicación del 155, deberá autorizar Montoro. Los ‘expresidents' también tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al 60% de su sueldo, pero a partir de los 65 años de edad, que no es el caso de Puigdemont.

A diferencia de Mariano Rajoy, que estuvo casi un año en funciones pero nunca dejó de cobrar porque no perdió el cargo, Puigdemont está actualmente legalmente cesado, y solo cobrará como ‘expresident' si  lo solicita a los que precisamente le han echado del puesto

Privilegios revocables por el Parlament

La ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat es del año 2003, si bien encajó algunas modificaciones en el 2015, tras el escándalo del fraude fiscal asumido por el ‘expresident' Jordi Pujol

A partir de entonces se estableció que “los derechos y prerrogativas reconocidos” por la citada ley son “renunciables" y que también pueden ser “revocados total o parcialmente por acuerdo del Pleno del Parlamento”. Para esto último sería preciso una mayoría de dos terceras partes de los diputados del Parlamento catalán si se considerara “que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse”, o en caso de “condena penal firme contra la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad”. 

En su día se interpretó que la exigencia de una mayoría de dos tercios para revocar los derechos también en el el caso de “condena penal firme” fue una decisión “a la medida” de Artur Mas -según denunciaron  Ciudadanos y el PPC- ante la eventualidad de una condena vinculada con el proceso soberanista.

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