Detectadas irregularidades en la entrega de pisos sociales en Mataró

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Mataró ha revelado prácticas irregulares en la adjudicación de pisos de protección oficial en la capital del Maresme entre el 2009 y el 2014 por parte de la empresa municipal de urbanismo, PUMSA. El documento, que analiza la situación de 257 viviendas, pone de manifiesto que 127 habrían sido entregadas sin aportar toda la documentación, sin respetar los procedimientos fijados o sin garantizar la igualdad de oportunidades. Este hecho, según sus autores, podría derivar en responsabilidades penales para el consistorio, informó ayer la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La investigación del ayuntamiento revela que el pasado noviembre PUMSA adjudicó un piso de protección oficial al hijo del exgerente de la empresa municipal, César Fernández, antes de que fuera cesado de su cargo, a finales del 2013. Según el informe, las irregularidades serían múltiples y de distinta tipología. La mayoría de los trámites, sostiene, se hacían sin la documentación necesaria.

En el 2009, las solicitudes no estaban firmadas, no había una lista de espera para las viviendas que permita establecer el orden de las solicitudes y, en los casos de renovación de las solicitudes o de los contratos de alquiler, no se verificaba si el aspirante cumplía los requisitos. Así, se adjudicaron dos pisos a personas que no constaban en la lista de solicitantes, como el hijo del exgerente, y en otros 10 casos, a inquilinos que tenían la solicitud ya caducada.

PLAZO SUPERADO / También hubo cuatro casos en que los pisos se adjudicaron aunque no estaban ni siquiera registrados y otros cuatro en que los adjudicatarios siguen de alquiler aunque ya han superado el plazo legal para disfrutar del arrendamiento. El informe señala debilidades en el control administrativo del procedimiento de adjudicación y las mismas personas que gestionaban las solicitudes eran quienes seleccionaban a los candidatos y formalizaban los contratos de alquiler.

Hubo también un caso que se adjudicó un piso apelando a un informe de los servicios sociales del ayuntamiento que no existe. También han detectado fallos en los plazos de entrega. Y muchos de los apellidos de los inquilinos coinciden con los de personas del entorno del ayuntamiento.