22 fiscales alzan la voz contra los funcionarios públicos que ayudan a las redes de proxenetas
La lucha contra las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es muy difícil porque las víctimas pocas veces se atreven a denunciar y mucho menos los testigos o clientes. Y, en este caldo de cultivo, policías, empleados públicos o técnicos municipales juegan a veces un papel fundamental porque facilitan la actividad o fomentan su ocultación, a cambio de cobros periódicos de dinero o de favores sexuales de las víctimas explotadas. Esta situación ha llevado a 22 fiscalías de América Latina, uno de las regiones con más corrupción vinculada a la trata, a unirse para dar la voz de alarma, aumentar la cooperación y pedir a la ciudadanía y a las instituciones que no toleren ni amparen ningún tipo de explotación sexual.
