Guerra inmobiliaria entre los fiscales y el 'rey' de los seguros por controlar el último palacete de la Castellana

"Quiero compartir con vosotros mi empeño, como muchos sabéis, de unificar las dos sedes actuales de la Fiscalía General del Estado y así potenciar nuestro papel, pues juntos —órganos centrales, especialistas y generalistas— seremos más eficaces. Espero y deseo que esta posibilidad se materialice definitivamente". Así comenzó

Álvaro García Ortiz

su discurso en la renovación del cargo el Fiscal General del Estado.

Detrás de estas palabras se ocultaban las verdaderas intenciones de la Fiscalía, que han abierto una guerra (por ahora pacífica) entre dos instituciones del Estado: el organismo de la Justicia y el Consorcio de Compensación de Seguros, compañía público-privada encargada de cubrir los daños en una hipotética catástrofe que las aseguradoras privadas no puedan hacer frente.

Para contextualizar la historia hay que retrotraerse varios meses. El Consorcio, propietario de numerosos edificios en el centro de Madrid, inicia la reforma del número 19 de Paseo de la Castellana, una lujosa —pero mal conservada— Casa Palacio reconvertida en oficinas. La entidad se ponía manos a la obra para realizar una reforma titánica que devolviese el esplendor al edificio. Solo la inversión se cifró en más de 13 millones de euros.

La intención detrás de esta rehabilitación era actualizar el inmueble a las exigencias del mercado y alquilarlo a alguna empresa. Sin embargo, en ese camino se ha cruzado la Fiscalía General del Estado, que no está por la labor de dejar desvanecerse su sueño, unificar sus sedes.

Edificios colindantes

Algunas de las sedes de los organismos especializados se mantienen dispersos, por ejemplo en el número 57 de la calle Ortega y Gasset; mientras que el cuartel general de los fiscales se ubica en el número 4 de la calle Fortuny. Este edificio, prácticamente, es colindante con el inmueble propiedad del Consorcio, motivo por el que la Fiscalía ha fijado en él sus intenciones.

Castellana, 19 cuenta con 5.120 metros cuadrados repartido en dos edificios: uno de cinco plantas y otro de tres, con un patio central entre ellos. Entre otros inquilinos, fue la histórica sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algo que quiere repetir su propietario, ahora, con otra empresa, sea pública o privada.

La situación ahora mismo es una: la Fiscalía pelea por quedarse con el edificio, en propiedad o en alquiler; mientras que el Consorcio no está por la labor. "Al Consorcio ya le ha preguntado por el edificio una multinacional que quiere cambiar su sede en Madrid y le pagan un buen alquiler. Y no son los únicos que han llamado para preguntar", explican fuentes de mercados.

La consultora CBRE, cuyo departamento de arquitectura (Bovis) ha participado en la reforma, junto con el estudio Ruiz-Larrea y la constructora Grupo Ortiz, tiene anunciado en su web corporativa el edificio, aunque han declinado confirmar si tienen un mandato oficial para encontrar un inquilino al inmueble.

¿Intermediación de Félix Bolaños o Carlos Cuerpo?

En esta lucha cruzada entre la entidad semipública y el organismo de la Justicia hay más agentes implicados. Aquí entran en escena Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que depende la Fiscalía, ya que no cuenta con independencia financiera, y Carlos Cuerpo, recién nombrado ministro de Economía.

Desde el Consorcio de Seguros temen que el Ministerio de Justicia presione a la cartera de Economía para obligar a la entidad a alquilar o, incluso, vender el edificio construido en 1903 y reformado en 1986. "El Consorcio es un patrimonialista cuyo fin es alquilar propiedades para hacer frente a las contingencias y, por ello, están invirtiendo en sus edificios", explica la misma fuente.

Sin duda, vistas las intenciones del nuevo Fiscal General del Estado, García Ortiz utilizará todos sus medios a disposición para hacerse el control de Castellana 19 y lograr la unificación de las sedes. Los fiscales creen que hay un gran interés en unificar las dos sedes, motivo por el que, al tratarse ambas de administraciones del Estado, consideran que el Consorcio debería estar de acuerdo. Consultados el Ministerio de Justicia, el Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, organismo del que depende, no han respondido a las preguntas enviadas por este medio.