Mascarell y Vila defienden que nadie les informó de irregularidades en la ILC cuando la dirigía Borràs

Los 'exconsellers' de Cultura Ferran Mascarell y Santi Vila han negado este jueves que se les advirtiera de posibles irregularidades en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando la dirigía la líder de Junts, Laura Borràs, y tampoco que supieran que se había avisado de ello a la presidenta suspendida del Parlament. Mascarell y Vila han declarado como testigos en la sexta sesión del juicio contra Borràs por el supuesto fraccionamiento de contratos a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando dirigía la institución. La fiscalía le pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.

En su declaración, Mascarell ha defendido la contratación de Borràs como directora de la ILC, porque se necesitaba a alguien vinculado al mundo de la cultura que "dominara" las nuevas tecnologías para "dinamizar" la institución. "Necesitaba alguien potente y que supiera de que iba", ha explicitado, asegurando que la ahora imputada tenia este perfil. Además, ha justificado que la contratación, que ahora está bajo sospecha, para realizar el nuevo portal web se hiciera al margen del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat), porque asegura que esta "centralización" de contrataciones informáticas no permitía trabajar de forma "eficiente". "Había un acuerdo que recomendaba centralizar al CTTI, pero era una recomendación, no una obligación", ha zanjado.

Por su parte, Vila ha explicado que cuando llegó al departamento de Cultura, Borràs ya dirigía la ILC y que no tubo "ningún problema en mantenerla". También ha declarado ante el tribunal que "nunca nadie le avisó de irregularidades", tampoco la intervención general, ni tuvo conocimiento de que se avisara a la propia acusada de posibles irregularidades en la adjudicación de servicios.

El sucesor de Borràs defiende los contratos menores

También ha mantenido la misma versión el exdirector y exdecano de la ILC, Francesc Parcerisas, que ha apoyado el trabajo de Borràs y la creación del nuevo portal porque era "una idea necesaria para la expansión y visibilidad de la institución". Ha afirmado que "nunca nadie puso obstáculo alguno o queja contra Borràs en materia de contratación".

El sucesor de Borràs, Oriol Posatí, ha calificado el trabajo realizado por la acusada como un "salto" para la institución y ha detallado que toda la contratación de la ILC "se ha hecho siempre con contratos menores". "El tipo de actividad que se hace a la institución de manera absolutamente mayoritaria son contrataciones de entre 250 y 300 euros", ha insistido. El tribunal investiga hasta 18 contratos inferiores a 18.000 euros sin IVA, el límite para otorgarlos a dedo, y que tendrían un importe total de 336.000 euros. Estos se habrían pagado entre 2013 y 2017. 

Estas versiones contrastan con lo que declararon varios testigos el miércoles, cuando afirmaron que se avisó a la presidenta de Junts de que la forma de contratación de este nuevo portal no era la correcta. Concretamente, Maria Assumpta Pagespetit, que en aquella época era administradora de la ILC, aseguró que Borràs decidió continuar con el fraccionamiento de los contratos, a pesar de que ella le comunicó que consideraba que no era correcto. La testigo subrayó que todo el diseño de una nueva página web y el mantenimiento encargado a Herrero era un mismo servicio y habría que incluirlos en un solo contrato. Según Pagespetit, Borràs alegó que eran "trabajos diferentes". Según su versión, dos interventoras de la Generalitat también alertaron de que se podría estar "infringiendo el marco legal".

Mossos y Guardia Civil desgranan la investigación

En la sesión de este jueves también han declarado agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil que han desgranado la investigación que efectuaron cada uno de los cuerpos policiales sobre los pagos al informático Isaías Herrero. Los interrogatorios se han centrado, al igual que en la vista del miércoles, en la recogida y el análisis de pruebas y, sobre todo, en el material informático hallado en las entradas y registros efectuados por la policía catalana el 27 de noviembre de 2018.

Las sospechas lanzadas por la defensa de Borràs sobre la cadena de custodia de los correos incriminatorios contra su clienta, en los que la líder de Junts daba instrucciones al informático sobre cómo fraccionar contratos, ha originado que el juicio se convierta durante unas horas en un curso avanzado sobre internet y tecnología. Un cuerpo a cuerpo entre las fiscalas que se encargan del caso, Assumpta Pujol y Teresa Duerto, y el abogado de la presidenta suspendida del Parlament, Gonzalo Boye, sobre cómo se copiaron datos informáticos en la vivienda de Herrero como en la sede de la ILC, así como el método utilizado para seleccionar las pruebas o "evidencias" y cómo se almacenaron. Los agentes han defendido que actuaron correctamente.

Los mossos han explicado que al día siguiente de las entradas y registros del 27 de noviembre de 2018, la jueza instructora Silvia López Mejías les apartó de la investigación (a causa de las filtraciones) y se las encargó a la Guardia Civil. Este jueves han declarado ante el tribunal los miembros del instituto armado que hicieron las indagaciones. "La jueza nos facilitó toda la información y las pruebas. Nos entregó una copia. Más adelante solicitamos poder acceder a los discos duros. Comprobamos todos los elementos", ha sostenido un agente. Los uniformados han explicado que en los archivos informáticos estaban los documentos que tuvieron en cuenta a la hora de redactar sus atestados y cómo relacionaron entre sí las diferentes pruebas.