Las sospechas del 'caso Laura Borràs' que deberá despejar el tribunal

¿El pacto con la fiscalía de dos acusados afecta a Borràs?

Si Herrero, beneficiario de las adjudicaciones presuntamente irregulares, y Pujol, cumplen con la promesa ante la fiscalía de incriminar a la presidenta de Junts, sus penas se verán sensiblemente reducidas y será un proyectil en la línea de flotación de Borràs. Sus declaraciones de este lunes despejarán la duda. La idea es que los dos acusados sostengan en el juicio que la que fuera directora de la ILC la que les indicó cómo debían fraccionar los contratos y el uso de presupuestos ficticios para conseguir las adjudicaciones. Si el acuerdo de los dos imputados con el ministerio público se cumple, los magistrados tendrán que certificar en su sentencia su validez y el grado de influencia sobre su decisión. Por ahora, las pruebas más evidentes de la implicación de Borràs son los correos electrónicos intervenidos a Herrero. Esta es la razón por la que el abogado de la política catalana, Gonzalo Boye, intenta desacreditar el pacto de los coacusados con la fiscalía y anular como prueba los emails.

¿Se fraccionaron ilegalmente contratos?

La fiscalía sostiene que Borràs "abusó de sus funciones", mientras que la líder de Junts defiende su inocencia. Según la fiscalía, la que era directora de la ILC actuó "de mutuo acuerdo y con unidad de propósito" con Herrero y pactaron que la retribución por unos servicios informáticos en torno a la elaboración de una web se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA). El propósito de los acusados era "vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente". La defensa de la expresidenta del Parlament niega la mayor: "No ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias". El tribunal deberá recoger en su sentencia si considera probada esta imputación. La confesión de Herrero será una prueba irrefutable. Pero también resolverá si Herrero y Borràs se pusieron o no de acuerdo para poner en marcha esa maniobra.

¿Borràs dio indicaciones a Herrero para fraccionar los contratos?

El recopilatorio de correos electrónicos intervenidos, según la acusación pública, es una de las pruebas sobre esta supuesta práctica irregular. Estos son dos de ellos:

Email de Herrero a Borràs en febrero de 2013: "La verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'… ya se que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos. Tengo que hacer facturas por todos los lados para cubrir todos los proyectos”.

La líder de JxCat responde: "El presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA”. 

Pero, además, un técnico de la ILC al que se le exculpó tras haber sido imputado declaró en el TSJC en su día: "Era Borràs la que le indicaba contrata a este y a este [...] La responsable de la contratación y quien decidía la empresa es Borràs", subrayó. Está por ver si los correos, la confesión de Herrero y la de los testigos, será suficiente para declarar probado que la dirigente independentista dio indicaciones sobre el fraccionamiento.

¿Se elaboraron presupuestos ficticios o "comparsa"? 

Con el fin de "ofrecer una apariencia fingida respecto de los principios de publicidad y pública concurrencia", según las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto, Borràs y Herrero acordaron que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino propuestas "comparsa" elaboradas "falazmente" por ellos y por el otro imputado, Pujol Martín. La idea era "simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, de encubrir que el adjudicatario real" era Herrero y de "enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos". Como en otros aspectos, la declaración de Herrero es primordial para afianzar este relato construido a través de los 'emails'.

¿Prevaricación y falsedad?

Si los jueces estiman probados las acusaciones atribuidas por la fiscalía, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre la condena de cada uno de los tres investigados, acusados, de inicio, de un delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad en documento público. Por la primera infracción penal, la acusación pública reclama para Borràs 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público y por la segunda seis años de prisión, multa y otros seis años de inhabilitación, con lo que en caso de condena entraría en la cárcel. La petición para Herrero (por ahora, lo mismo que Borràs) y de Pujol (10 de inhabilitación y tres de prisión) quedará disminuida, posiblemente a menos de dos años, si confiesan. Su propósito es evitar la entrada en un centro penitenciario si se les declara culpables.