El beneficiario de los contratos de Laura Borràs pacta con la fiscalía inculparla en el juicio

El futuro político y personal de la presidenta de Junts, Laura Borràs, está en juego en las próximas semanas. Este viernes, la líder posconvergente se sentará en el banquillo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por haber favorecido presuntamente a un amigo, el informático Isaías Herrero, en la adjudicación de unos servicios, fraccionando los contratos, cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El que fuera colaborador de la dirigente independentista ha hecho un pacto con la fiscalía y está dispuesto a inculpar a Borràs a cambio de la rebaja de la petición de pena y evitar, así, su ingreso en la cárcel. Esta confesión, si se da durante su declaración, será un varapalo para la política y la acercaría a una sentencia condenatoria. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha tenido conocimiento de ese acuerdo contra su clienta y ha solicitado intervenir en último lugar en las cuestiones previas, en un texto en el que dice que se defenderá de "unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas como serán las que van".

Las negociaciones entre la abogada de Herrero y la fiscalía se iniciaron hace unas semanas. Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que, de entrada, el juicio empezará y, según cómo declare Herrero, la fiscalía rebajará la cantidad de la pena que se le solicita, que provisionalmente es de seis años de prisión y 21 de inhabilitación. En este supuesto, la modificación se haría antes de los informes finales. Sin embargo, cabe la posibilidad que este trámite se realice antes. Todo depende si el informático cumple con su compromiso, confiesa e inculpa a Borràs.

La idea es que el informático explique al tribunal que era Borràs la que le indicaba cómo trocear los contratos. Este acuerdo abriría la puerta a que Herrero fuera condenado a una pena mínima de menos de dos años de prisión y se acordara suspender su entrada en un centro penitenciario. Una anterior sentencia contra él de cinco años y tres meses de cárcel por tráfico de drogas, entre otros delitos, no le perjudicaría, pues los hechos que ahora se juzgan son anteriores.

La dirigente independentista, que fue suspendida como presidenta del Parlament tras abrirse el juicio oral, ha llegado a denunciar una persecución política contra ella por ser independentista. La fiscalía le reclama, sin embargo, seis años de prisión y 21 años de inhabilitación, al igual que a Herrero, por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público. Un tercer imputado, Andreu Pujol Martin, se enfrenta a tres años de cárcel y también estudia un acuerdo que le permita reducir la pena a la que se enfrenta. Las defensas reclaman la absolución.

Los emails inculpatorios

Está previsto que el juicio se prolongue durante ocho sesiones, eso es, hasta el 1 de marzo. El primer día se dedicará a las cuestiones previas. Es decir, la defensa intentará anular las principales pruebas que existen contra los tres acusados, sobre todos los correos electrónicos en los que Herrero hablaba de su relación con Borràs, con la que había mantenido antes una relación profesional en el grupo Hermeneia (de investigación de estudios literarios) y en la Universitat de Barcelona. “Yo tengo una de marrones, buff… Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió del informático en un mensaje en 2017.

La investigación, que se inició contra Herrero por tráfico de drogas y falsificación de monedas, permitió acreditar, sobre todo mediante una cadena de emails, que Borràs, siendo directora de la ILC, daba indicaciones a este informático para presentar presupuestos “comparsa” para encubrir quién era el adjudicatario real o para simular que había competencia entre distintas ofertas. Los contratos se fraccionaron, lo que permitió adjudicar trabajos por valor de 335.700 euros a dedo entre 2013 y 2017. La acusación sostiene que Borràs “abusó de sus funciones”.

Las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan en su escrito que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA). "De manera recurrente", la dirigente de Junts otorgó 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas".

Vulnerar el concurso público

El propósito, según la fiscalía, era "vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente", siendo conscientes de que con "su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa" e impedían que "la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona".

Con el fin de "ofrecer una apariencia fingida respecto de los principios de publicidad y pública concurrencia", según las fiscalas, Borràs y Herrero acordaron que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino propuestas "comparsa" elaboradas "falazmente" por ellos y por el otro imputado, Pujol Martín. La idea era "simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, de encubrir que el adjudicatario real de todos ellos" era Herrero y de "enmascarar enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos". Los jueces tienen la última palabra.

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