Investigan si una obra ilegal en la terraza del Medusa Beach Club propició el derrumbe mortal de Palma

La investigación sobre el derrumbe mortal del popular local de ocio Medusa Beach Club, en la Playa de Palma, trata de aclarar si se llevaron a cabo obras ilegales en la terraza que se desplomó. Las primeras pesquisas apuntan a que la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso de la primera planta, que había sido acondicionada como parte del restaurante y donde había una veintena de personas cuando se produjo el siniestro. Según las fuentes consultadas, el inmueble, situado el número 34 de la calle Cartago, fue sometido a una inspección en 2017 y posteriormente se llevaron a cabo diversas obras. Estas reformas están ahora siendo objeto de análisis por parte de los técnicos municipales para aclarar las causas del derrumbe, que ha dejado cuatro muertos y 16 heridos.

El Ayuntamiento de Palma descubrió en 2013 graves infracciones en el local derrumbado

Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo esta mañana una inspección en el edificio derrumbado. Las primeras pesquisas apuntan a una sobrecarga de la terraza situada en la primera planta, donde se habían instalado mesas, sillas y otros elementos. La estructura de la finca, construida en 1972, cedió el jueves por la tarde y se llevó por delante buena parte de la planta baja, hasta acabar en el sótano. Allí fueron rescatadas varias de las víctimas.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que el inmueble pasó la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2017. Al año siguiente, en 2018, dos hermanos austriacos que se dedican al sector de la restauración constituyeron una sociedad y pusieron en marcha un restaurante mexicano, que luego reconvirtieron en el Medusa Beach Club, que abrió sus puertas en 2021. En el establecimiento se llevaron a cabo, después de la ITE de 2017, varias obras y reformas, la última este invierno.

Son estas modificaciones las que están en el punto de mira de los investigadores. Las pesquisas se centran en determinar si contaban con los permisos necesarios y, en ese caso, si se ajustaron a las autorizaciones recibidas o se realizaron modificaciones mayores que puedan haber provocado el derrumbe.

La Policía Nacional está a la espera de que los técnicos municipales recaben toda la información y elaboren un informe para determinar si pueden existir responsabilidades penales.