La Generalitat impone seis sanciones por LGTBIfobia en 2023: los casos repuntan el 46%

La Generalitat ha impuesto seis sanciones en 2023, cuatro ya cobradas, contra personas o entidades que han cometido algún acto discriminatorio contra personas LGTBI en Catalunya. En total, el Govern tuvo constancia de 670 situaciones de discriminación, un repunte del 46% comparado con el año anterior. Del total de casos reportados, 282 son agresiones graves, coacciones o amenazas directas denunciadas ante los Mossos y que siguen un recorrido judicial. Los datos los ha presentado este jueves la consellera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge. El Observatori contra la LGTBIfòbia califica esta presentación de "puro electoralismo" y lamenta que el Govern no trabaje de forma coordinada con las oenegés especializadas que realizan esta labor desde hace años.

El Observatorio contra la Homofobia cumple 15 años con más de 1.600 víctimas atendidas

Una de las sanciones que ha impuesto la conselleria se aplicó a la entidad HazteOír, que pretendía hacer circular por el centro de Barcelona un autobús con mensajes contra los niños y niñas transgénero. La sanción aún no se ha cobrado, porque el grupo ultracatólico la ha llevado a los juzgados. Otra es una agresión verbal homófoba en un comercio. También hay comentarios lesbófobos por whatsap e insultos por su orientación sexual a una agente de la autoridad. Las sanciones son una excepción en Catalunya: gracias a la ley catalana contra la homofobia, estas denuncias se pueden tramitar por la vía administrativa. En el resto de España solo contempla la vía penal, una vía muerta para la mayoría de estas discriminaciones.

Sanciones administrativas

En 2023, el Govern ha registrado 427 casos de discriminación en los que sí se puede actuar administrativamente. Por ejemplo, compañeros de trabajo que siguen llamando por su nombre de nacimiento a una persona trans; un médico que presupone que una mujer lesbiana tiene relaciones con hombres; una compañía de seguros que se niega a hacer una póliza a una mujer trans, o profesionales públicos que cuestionan una familia formada por dos padres o dos madres. En este sentido, al presidente del observatorio, Eugeni Rodríguez, le parecen insuficientes el número de sanciones impuestas. "Estamos hablando de que menos del 2% de casos han terminado en sanción. ¿Qué han hecho con los demás? ¿Ha habido alguna reparación económica para estas víctimas?", cuestiona Rodríguez, que ha sabido de la presentación de este estudio a través de la prensa.

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"Somos partidarios de la mediación y sobre todo de la reparación", ha explicado el director general de Polítiques Públiques LGTBI del Govern, Xavier Florença. Su departamento ha activado 37 denuncias administrativas, 135 atenciones personalizadas, 90 atenciones psicológicas gratuitas, 81 acompañamientos o 17 asesoramientos jurídicos. Florença ha explicado que la mitad de estas denuncias han venido derivadas de los juzgados o los propios Mossos, al ver que los hechos denunciados no constan en el Código Penal.

El colectivo trans, en la diana

La consellera Verge también ha repasado algunos datos relevantes. El 56% del total de afectados son personas trans, especialmente mujeres. El 20% de los actos discriminatorios se registran en instalaciones sanitarias, y el 15%, en escuelas o centros educativos. Más del 60% de los casos ocurren en Barcelona. La conselleria no ha valorado los datos de los Mossos que sí han querido compartir por tratarse de los actos discriminatorios más graves: las denuncias han pasado de 215 en 2021 a 282 en 2023: un incremento del 31,28%.

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Según la consellera, este aumento de las denuncias tiene dos lecturas. Por un lado, el arraigo del discurso de la extrema derecha que, tras aprobarse la ley trans, se ceba contra este colectivo. "Están legitimando las agresiones", ha asegurado Verge. Pero, por otro lado, afirma, es una buena noticia. "Significa que cada vez tenemos más conciencia social y mayor capacidad de respuesta por parte de las adminstraciones. Históricamente, el 80% de las agresiones al colectivo LGTBI no se denunciaban por miedo, vergüenza o estigma. Ahora afloran más situaciones de discriminación que antes permanecían invisibilizadas e impunes", ha insistido Verge. Una relidad en la que también ha insistido Florença. "Es una muestra de que acompañamos y atendemos a unas personas que antes estaban invisibilizadas y no tenían donde acudir".

Rodríguez, tras más de 15 años al frente del Observatori Contra la LGTBIfòbia, critica que el Govern "vaya a la suya" y "mezcle los datos de los Mossos con las denuncias administrativas". "Pero lo que más nos duele es que no cuenten con nosotros, que no trabajemos conjuntamente, como sí hacemos con otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona", lamenta.