Las víctimas de la pederastia eclesial exigen ante el Parlament indemnizaciones y que los delitos no prescriban

El colectivo de víctimas de la pederastia eclesiástica han reclamado esta mañana ante el Parlament de Catalunya que los delitos de abusos sexuales contra menores no prescriban y que se impulse un mecanismo extrajudicial de reparación e indemnización para los afectados.

Horas después del estreno del documental 'La Fugida', de El Periódico, 3Cat y la productora Ottokar, en el que se ahonda en los abusos sexuales de los sacerdotes jesuitas Francesc Peris y Lluís To y en el encubrimiento de la orden, el colectivo de afectados han leído un comunicado en el que emplazan a los partidos catalanes a impulsar la proposición de ley de iniciativa autonómica de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y convertirla en una prioridad de la agenda política en Madrid y a acelerar la aprobación de una ley autonómica de imprescriptibilidad civil retroactiva, "aprovechando –han añadido– que Catalunya tiene competencias plenas en materia de Código Civil".

Baremos de indemnizaciones

En el escrito, también reclaman un "mecanismo centralizado extrajudicial de indemnización para las víctimas basado en los ejemplos de buenas prácticas internacionales"; impulsar la aprobación de un baremo oficial de indemnizaciones específico para las víctimas de abusos sexuales infantiles; establecer mecanismos de reparación simbólica; crear una red de centros Barnahus para supervivientes adultos en todo el territorio que atienda a ambos sexos, y desplegar un programa de prevención basado en la evidencia en las escuelas.

"El Departament d’Educació debe establecer un programa universal avalado por la evidencia científica dirigido a los niños, niñas y adolescentes para que estos tengan herramientas para identificar las situaciones sexuales abusivas y recursos para comunicar los abusos a adultos protectores –mantiene el texto–. Se debe monitorizar la eficacia de estos programas a la hora de reducir la incidencia de casos de abusos".

"Demasiado tarde"

El comunicado también lamenta que los planes de reparación llegan "demasiado tarde". "En otros estados de nuestro entorno como Irlanda, Alemania, Bélgica, Estados Unidos o Australia hace años que se han tomado medidas para abordar el problema –aseguran–. Se demuestra una vez más la falta de empatía, seriedad, rigor e interés que el Estado y la Iglesia española han demostrado históricamente a la hora de garantizar el bienestar de las víctimas de pederastia clerical". Los firmantes también señalan que, más allá de la tardanza, estas iniciativas tienen "importantes carencias que los convierten en planes descafeinados, más interesados en transmitir a la opinión pública una falsa imagen de progreso que en solucionar el problema de forma eficaz".

En este sentido, mantienen que el plan de la Iglesia está "basado en datos falsos sobre la magnitud del problema", ya que, según ellos, el informe 'Para dar luz' de la CEE considera como denuncias falsas centenares de casos de pederastia clerical verosímiles, negando a sus víctimas el derecho a ser indemnizadas. También critican "el plan de rescate de los obispos por parte del Estado', por el hecho de que "el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales infantiles en instituciones católicas las asuma el contribuyente".

Críticas al Parlament

El comunicado también cuestiona que "la opinión que falta en esta discusión pública" es la del Parlament de Catalunya, al que afean que hayan actuado tarde tras la recomendación del Síndic de Greuges de crear una comisión de investigación parlamentaria en 2019: en 2022 los partidos anunciaron la creación del grupo, que no empezó a trabajar hasta mayo de 2023.

"Debido a esta falta de diligencia debida, el adelanto electoral de las elecciones autonómicas ha cerrado en falso la investigación, impidiendo que la comisión emita sus recomendaciones finales", afirma el texto. "Por tanto, no tenemos un modelo catalán propio de reparación/ garantías de no repetición –sigue el comunicado–. Este comportamiento negligente de las instituciones públicas catalanas es absolutamente inaceptable en una democracia europea seria, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente nos encontramos ante una de las mayores vulneraciones de derechos humanos de la historia de Catalunya".