Colectivos vulnerables

La pobreza se cronifica en Catalunya: un 25% de la población está en riesgo de exclusión

Un informe de las Entidades Catalanas de Acción Social alerta de que la precariedad afecta a más sectores porque tener empleo ya no asegura satisfacer las necesidades básicas

La pobreza severa toca techo en Catalunya: el 11% de los niños sufren graves privaciones

Una mujer con uno de sus hijos, víctimas de la pobreza energética, en su piso de Barcelona.

Una mujer con uno de sus hijos, víctimas de la pobreza energética, en su piso de Barcelona. / CARLOS MONTAÑÉS

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La vulnerabilidad y la desigualdad se han cronificado en la última década, con cerca de un 25% de la población catalana en riesgo de pobreza o exclusión. Es una de las conclusiones del informe 'Cronificación de la pobreza y crecimiento de la precariedad' realizado por las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Además, apunta que la precariedad se ha extendido y afecta cada vez a sectores más amplios de la población, ya que tener trabajo no asegura satisfacer las necesidades básicas. Y es que ECAS ha denunciado que las políticas públicas no logran combatir las causas estructurales y sólo atenúan "de forma muy limitada" sus efectos. Además, las diversas crisis han derivado en un profundo malestar social y se favorece a los populismos de extrema derecha, añade.

ECAS subraya que el creciente malestar social favorece a los populismos de extrema derecha

El informe repasa los 20 años de ECAS y los debe desde el primer informe INSOCAT. Lo que se ha presentado este martes es el decimoséptimo. Entre las principales conclusiones se encuentra la cronificación de las situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad social. Ante esta realidad, las políticas sociales no logran combatir las causas de la pobreza ni garantizar los mínimos por una vida digna en la población. En cifras, uno de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión en Catalunya, por encima de la media europea.

Considera también que los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 10 años no han situado en primer plano el impulso de políticas y medidas universales para hacer frente a la pobreza y la creciente polarización social. Esto, afirma, ha incrementado el malestar de segmentos cada vez más amplios de población y el riesgo de conflictividad social. En el informe, ECAS ha constatado la incapacidad del sistema para traducir las mejoras de tipo macroeconómico en mayor bienestar social. Así, mientras el paro ha descendido y otros datos macroeconómicos también han mejorado, los trabajadores son más pobres. De hecho, en 2023 un 10% de las personas que trabajan estaban en riesgo de pobreza.

En 2023, un 10% de las personas que trabajan estaban en riesgo de pobreza

Esto, junto al encarecimiento del coste de la vida, con la vivienda como máximo exponente, hace que cada vez sean más las personas que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. El informe hace alusión a un "desequilibrio" entre los ingresos de los hogares y el coste de la vida. Añade que el incremento de los precios especialmente desde 2020, sin una correlación en la evolución de los sueldos, ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

Alimentación, vivienda y suministros

Las situaciones de privación material severa han pasado del 3,1% al 8,9% entre 2009 y 2023. Un 36% de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos y casi un 30% de la población no puede pagarse una semana de vacaciones al año. Por su parte, el porcentaje de personas que pagan con retraso los gastos de vivienda han pasado del 6% al 9,6% en una década. Las situaciones de pobreza afectan especialmente a la infancia y la adolescencia y a las personas migradas. Además, la padecen más mujeres que hombres.

Un 36% de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos 

Por su parte, el informe destaca que se ha producido también una pérdida de consideración y garantía de los derechos sociales. ECAS ha criticado que las administraciones no han situado en primer plano el impulso de políticas universales y preventivas y ha añadido que se han puesto en marcha respuestas reactivas que han sido sólo paliativas y su capacidad de transformación estructural.

En este contexto, el informe afirma que se ha creado un relato de desprestigio y desconfianza hacia lo público, minando la confianza en las instituciones y alimentando la competencia por los recursos. Añade que la solidaridad ha perdido terreno frente al auge de discursos racistas, discriminatorios y excluyentes, espoleados por la extrema derecha.

Lamenta también que se han implantado cada vez más modelos de gestión burocráticos en las administraciones y esto ha contribuido a aumentar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones. En este sentido, apuntó que para acabar recibiendo una prestación se debe pasar una gincana burocrática "frustrante y extenuante". En esta crítica ha incluido la "falta de interoperabilidad" de los datos entre administraciones.

Nuevo escenario para garantizar derechos

Para salir de esta situación, ECAS ha afirmado que hace falta responsabilidad, profesionalidad y consenso por parte de los poderes públicos que permitan un abordaje real de los problemas sociales. Esto acompañado de mayor inversión social. Por eso, ha instado a diseñar un nuevo escenario basado en la garantía de los derechos para el conjunto de la ciudadanía. Este nuevo escenario debería recaer principalmente en el Gobierno pero debería extenderse al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales.

Por último, alerta de que la cronificación de la pobreza continuará y se perpetuarán situaciones de exclusión graves que tendrán un severo impacto negativo en el futuro. También advierte que la cohesión social se deteriora y se producen ya situaciones multiproblemáticas que se traducen en barrios y municipios conflictivos o disfuncionales.

Por ello, el informe reivindica el papel de las entidades, que asegura deberían conseguir mayor visibilidad y reconocimiento social para ganar capacidad de influencia y ser verdaderas interlocutoras y coproductoras de políticas públicas. También se propugnan por tener un rol de mayor intermediación y actuar como puente entre la ciudadanía y la administración, así como promover un modelo de gobernanza público-social y más innovación para adaptarse a las necesidades emergentes.