Moncloa llevará al Gobierno de Aragón ante el Constitucional por derogar la ley de memoria

El Gobierno de España llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Así lo ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que avanzó que en el próximo Consejo de Ministro se tomará esta decisión de manera oficial.

El ministro Torres agradeció ante los medios de comunicación la respuesta del Gobierno de Aragón, pero lamentó que la DGA no quiera «ni más ni menos" que sentarse con los servicios jurídicos para "corregir lo apuntado por los relatores de la ONU en su informe". "Ni siquiera es un mandato del Gobierno de España", aseveró Torres, que instó a que Aragón cambiase su texto de derogación para "no vulnerar los derechos humanos, visibilizar a las víctimas, condenar la dictadura y proteger las libertades".

El responsale de Memoria Democrática en el Gobierno central aseguró que la derogación de las leyes autonómicas llegará hasta el Constitucional «y a cualquier otra institución superior que sea preciso para la defensa de los derechos humanos".

No tardó en llegar la respuesta del presidente de Aragón, del mismo grupo editorial, Jorge Azcón, que se mantuvo en la posición que defiende desde hace unas semanas. "No hay nada nuevo, el ministerio está haciendo política partidista", afirmó el líder del Ejecutivo autonómico, que criticó que Torres "hace actos electorales con Aragón, no estamos dispuestos a que se crean que somos la sede del PSOE". Azcón volvió a lanzar la pregunta que ya avanzó hace unos días: "Nos tienen que explicar por qué Aragón no tiene capacidad para aprobar sus propias leyes". "Es incomprensible que el Gobierno de España trate de decirnos lo que los aragoneses podemos o no aprobar en nuestro Parlamento autonómico", concluyó Azcón.

Antes que el ministro y que el presidente de Aragón, el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltrán, criticó que el Ejecutivo autonónmico no quisiera asistir a la bilateral ofrecida desde Moncloa. «Un presidente autonómico que se niega a hablar con el Gobierno de España no actúa por el interés de todos los ciudadanos", aseguró Beltrán, que criticó que con esta decisión Azcón crea «ciudadanos de segunda" y que la derogación del texto «sí perjudica a los aragoneses".

Beltrán afirmó que era "obligatorio" asistir a la reunión cuando una de las partes la solicita. Fuentes del Gobierno de Aragón calificaron como "absolutamente falsa" la existencia de esa obligatoriedad y lamentaron que la delegación del Gobierno "vierta bulos de este calibre".