investigación por presunta contaminación
Caso Tersa: la Guardia Civil ratifica ante el juez que los datos de la incineradora del Besòs son "incoherentes"
Los agentes reiteran que la detección de temperaturas anormales para la quema de residuos implican riesgo para la salud de las personas
La Generalitat abre un expediente a la compañía por una supuesta emisión excesiva de ácido clorhídrico en 2021
DOCUMENTAL | Historia de una contaminación: La incineradora del Besòs
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Jordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
La Guardia Civil ha ratificado este jueves ante un juez de Badalona las anomalías en la quema de residuos urbanos en la incineradora de Tersa, la planta situada entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, y ha calificado de "incoherentes" los datos de emisiones de sustancias contaminantes y los de temperaturas, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Las dos agentes que han comparecido en el juzgado han reiterado las conclusiones de un informe que entregaron a principios de año al juzgado, así como la detección de "temperaturas de trabajo anormales para la incineración de residuos". Según ellos, pueden implicar un "riesgo" para la salud de las personas.
En concreto, el dictamen cuestionó la veracidad de los niveles de calor registrados minuto a minuto para la cremación de desechos entre 2017 y 2022 y que la empresa comunicó a la Generalitat. Las guardias civiles han explicado durante su declaración que no era lógico que los niveles de emisión de sustancias contaminantes fueran "muy similares" cuando la planta estaba en funcionamiento -es decir, cuando se quemaban residuos- y cuando no funcionaba. A la vez, han puesto en entredicho los datos sobre las temperaturas.
"No es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, ambos cancerígenos, apuntan en su informe. Si no se supera el "umbral crítico" de temperatura de destrucción de estas sustancias implica, a su entender, un riesgo de emisión de residuos tóxicos.
La directora de Calidad Ambiental de la Generalitat, Mireia Boya, y una técnica del Departament d'Acció Climàtica han testificado este jueves. La técnica ha afirmado que la conselleria ha abierto recientemente un expediente a Tersa por una supuesta emisión excesiva de ácido clorhídrico, que se habría producido durante cinco días en 2021. El departamento lo ha confirmado, al tiempo que ha añadido que todavía no está resuelto.
Impedimentos en el registro
En el registro en las instalaciones, los agentes mostraron interés por recabar los datos originales de la actividad de la central, tanto los referidos a la polución dispersada a través de la chimenea como a los grados centígrados a que ardieron los desechos. Algunos resultados que Tersa comunicó minuto a minuto a la Generalitat reflejan unas cotas de calor tan desorbitadas que científicos consultados al respecto afirman que son imposibles que se produzcan en la Tierra sin desintegrar todo a su paso.
Las dos agentes especializados en medio ambiente, una doctora en Física y otra en Química han relatado al juez que, cuando hicieron la entrada y registro en Tersa, los encargados de la planta les negaron poder acceder y copiar los datos sobre la temperatura de combustión. Para la acusación ejercida por la entidad Airenet, representada por los abogados Francesc Jufresa y Carlos Avellaneda, es sorprendente que los encargados de Tersa no quisieran facilitar estos datos a la Guardia Civil y no solo eso sino que los técnicos que supervisaban esa información en la Generalitat hayan sido trasladados a otros departamentos. En su opinión, la investigación está demostrando que la Administración catalana no tiene capacidad para supervisar unos datos que se envían minuto a minuto, no solo de la planta de Tersa, sino de otras instalaciones.
Es decir, y como avanzó en su día este diario, nadie ni nada en el Departament d’Acció Climàtica examina de inmediato los niveles de partículas y otras sustancias potencialmente insalubres que fábricas potencialmente contaminantes expulsan. En este mismo sentido, las guardias civiles que han declarado ante el juez han asegurado, en contra de lo hasta ahora conocido, que esos datos que las empresas registran y envían a la Generalitat se pueden manipular manualmente, aunque no han precisado si en el caso de Tersa se ha producido alguna modificación.
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