Conflicto penitenciario
Las prisiones de Lledoners y Ponent retiran de las cocinas a los internos condenados por crímenes de sangre
Justícia remarca que la decisión la han tomado los directores y las juntas de tratamiento tras el crimen de Mas d'Enric
La familia de la cocinera asesinada en Mas d'Enric pide la dimisión de la consellera Ubasart
La consellera Ubasart defiende que el crimen de la cocinera era "difícilmente previsible"

Imagen de archivo del centro penitenciario Ponent. / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La muerte de Nuria L., la cocinera de la cárcel tarragonense de Mas d'Enric, a manos de un interno hace dos semanas empieza provocar cambios en las prisiones catalanas. Con la intención de reforzar la seguridad y su percepción, los equipos directivos y las juntas de tratamiento pueden cambiar a los internos destinados a las cocinas que se consideren potencialmente peligrosos por el delito por el que cumplen condena, como homicidios u otros delitos de sangre. De esta forma se quiere minimizar el riesgo, al impedirles acceder a cuchillos y otras herramientas para cocinar.
La medida se incluye en la revisión que la Conselleria de Justícia ha realizado de la normativa de los trabajadores del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) tras el crimen de la cocinera. Por el momento, la cárcel de Ponent, en Lleida, ha cambiado de destino preventivamente a cinco internos, según ha confirmado el Departament de Justícia. También en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, se ha retirado a ocho presos que trabajaban en la cocina, según ha avanzado TV3 y confirmado EL PERIÓDICO. Sin embargo, fuentes judiciales desvinculan esta última decisión de la revisión del sistema por motivos de seguridad a partir del asesinato de la cocinera: argumentan que es por razones "regimentales" (quebrantamiento de normas).
Revisión de protocolos
Las otras medidas adoptadas por el Departament están relacionadas con el incremento de la vigilancia; el aumento de personal en las cocinas para evitar que los trabajadores se queden solos, o la colocación de pulsadores de alerta en estos espacios. La intención es revisar los protocolos en estos espacios, además de formar al personal del CIRE sobre los perfiles de los reclusos y la forma de atención en los centros penitenciarios. Justícia pretende reformar la circular de 2002 para evaluar el riesgo de los servicios auxiliares del CIRE, que influye en el perfil de presos que acceden a trabajar en servicios como el de la cocina.
Dentro de esta modificación se incluye la potestad de cada centro de apartar a presos de algunos servicios, como el de cocina, a fin de evitar riesgos. Principalmente, son destinados a esas funciones los reclusos que están cumpliendo condenas largas por delitos graves, ya que este tipo de servicio necesita de una formación en manipulación de alimentos y se requieren presos que vayan a estar tiempo en la cárcel.
Aumento de la plantilla
En su comparecencia ante el Parlament, el jueves de la semana pasada, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, también avanzó la implementación de una serie de acciones para mejorar la seguridad de los empleados de las prisiones. A la vez, anunció otras medidas estructurales, como el aumento de la plantilla penitenciaria; la revisión de protocolos y espacios; la priorización de la jubilación anticipada en las negociaciones entre el Gobierno catalán y el español con el objetivo de rejuvenecer la plantilla, y la creación de un cuerpo propio de los profesionales penitenciarios, entre otras.
La titular de Justícia aseguró ante los diputados: "Vuelvo a tender la mano a todos los actores implicados en desescalar un conflicto que ha tensionado mucho el sistema, a la vez que reitero la necesidad de que todos estemos a la altura de la gravedad de la situación". Ubasart advirtió a los funcionarios, que bloquearon el acceso a las cárceles catalanas durante varios días, de que "el derecho de protesta no puede poner en entredicho el funcionamiento de un servicio esencial como el penitenciario". "Es necesario garantizar derechos y seguridad a internos y a trabajadores –añadió–. Sin ello, difícilmente podrá adelantarse mejora alguna". El día en el que la consellera acudió al Parlament fue recibida por un grupo de funcionarios a gritos de "asesina". Desde ese jueves, la única protesta convocada ha sido con motivo de la salida de Dani Alves de la prisión de Brians 2. No se ha registrado ninguna concentración más y no están previstas, por ahora, movilizaciones.
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