Los funcionarios de prisiones aprovechan el revuelo mediático por la salida de Alves para visibilizar su lucha

Unas dos semanas después del asesinato de Nuria L. en la prisión de Mas d'Enric a manos de otro interno, los trabajadores penitenciarios catalanes siguen reclamando más seguridad en las cárceles. Tras unos primeros días en los que bloquearon los accesos a las prisiones y después de protestar ante la Generalitat y el Parlament cuando la consellera Gemma Ubasart compareció el jueves pasado, los trabajadores se concentran este lunes ante la puerta de Brians 2.

Igual que hicieron el viernes pasado, el personal penitenciario quiere aprovechar este lunes la expectación mediática frente a esta cárcel para mostrar públicamente sus reivindicaciones. Pese a la lluvia, unos 50 funcionarios acudieron a la protesta frente a la cárcel.

En esta concentración, los funcionarios de prisiones han denunciado que desde el crimen de Mas d'Enric han registrado un centenar de agresiones de presos a otros internos y a personal penitenciario. Las dos últimas fueron en Ponent y Lledoners en pasado fin de semana.

La posible salida de Dani Alves, si consigue reunir la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona, atrae a los medios de comunicación y por eso la planilla de las cárceles cree que es un buen escaparate para "hacer fuerza".

Se trata de una convocatoria de la "plantilla", como aparece en varios mensajes enviados por grupos de aplicación telefónica y redes sociales, pero cuenta con el respaldo de los sindicatos penitenciarios. La intención es revitalizar las protestas en las que se reclama la dimisión o cese de la consellera Ubasart y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, a los que hacen responsables del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric.

En este sentido, los sindicatos han alertado durante los últimos años de un incremento de la violencia y la falta de autoridad en las prisiones, hasta que ocurrió el crimen. Por eso, acusan directamente a los responsables del Departament de Justícia de no ofrecer herramientas necesarias a los funcionarios para actuar ante las situaciones de emergencia, no incrementar la plantilla y mantener "políticas de riesgo" para los trabajadores.

Los sindicatos no considera interlocutores válidos a la actual cúpula de Justícia y por eso ha rechazado sentarse a negociar con ellos públicamente, aunque en los últimos días han existido acercamientos entre algunos representantes de los trabajadores y los responsables del Departament.

Sin "derecho a la vida"

El pasado viernes, unos 50 funcionarios se concentraron ante Brians 2 aprovechando la expectación mediática. En un comunicado aseguraron que "los derechos humanos de los internos se respetan en todo momento y nos implicamos con sus necesidades a diario, mucho más que cualquier burócrata desde su despacho. No puede considerarse cualquier molestia una vulneración de derechos humanos".

Pese a eso reclamaron "sus derechos humanos", ya que no consideran garantizado "su derecho a la vida y a la integridad física y moral por parte de los dirigentes de la Generalitat". Así, denunciaron que las agresiones han crecido "exponencialmente" en los últimos años, provocando una "grave situación de inseguridad" a los trabajadores, así como "al resto de internos que quieren cumplir la condena y reinsertarse".