Canarias confía en tener antes del verano la reforma para el reparto de menores migrantes

Antes del verano. Este es el horizonte en el que el Gobierno de Canarias confía que haya concluido todo el proceso de reforma legal para que el Estado pueda empezar a distribuir los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago entre el resto de comunidades autónomas. Todavía de forma muy imprecisa, pero el Ejecutivo regional considera que se están dando los pasos necesarios para lograr ese objetivo con la idea de que dicha reforma tenga efectos prácticos para cuando se pueda producir otro gran repunte migratorio en la segunda mitad del año.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, apuntó a esa fecha tras asistir este lunes a la XI Conferencia Sectorial de Inmigración en la que el Gobierno central y el conjunto de comunidades autónomas abordaban el proceso abierto, y en la que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó a los gobiernos regionales la propuesta acordada con Canarias para soportar el futuro reparto de menores en la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería. Torres, junto a las ministras de Migraciones, Elma Saiz, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, apelaron ante los responsables autonómicos en esta materia a que apoyen esta medida pactada por los gobiernos canario y central, pero apelaron sobre todo al PP y al resto de formaciones políticas para que lo hagan durante su tramitación parlamentaria.

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Negociación política

La consejera canaria apuntó de entrada que esperaba que “en una semana o semana y media”, es decir, antes del inicio de Semana Santa, el Gobierno central traslade al Gobierno de Canarias el texto que pretende aportar para la reforma de la ley de Extranjería y que en su caso el Ejecutivo isleño pueda “hacer aportaciones” antes de elevarlo para su tramitación en las Cortes. A partir de ahí, entrará en liza la negociación política a distintos niveles y ámbitos para que la reforma se lleve a cabo al menos con el mismo consenso con el que se aprobó en el Parlamento de Canarias, donde obtuvo el apoyo de todos los grupos salvo Vox.

Tanto Delgado como el ministro Torres apelaron al ejemplo del consenso canario para reclamar uno similar en las Cortes. El planteamiento básico en este sentido es que si el PP apoya en las Cortes la reforma y el reparto obligatorio de menores entre todos los territorios, no habrá problemas para que al menos las 13 comunidades gobernadas por los populares también lo hagan. En todo caso, queda en el aire los criterios para establecer el número de menores que tendría que acoger cada territorio, que se acordaría en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, y la financiación con la que contarían las comunidades por parte del Estado, aunque Torres aseguró que el plan que se establezca incluirá ese aspecto.

Financiación

“Con la reforma de la ley de Extranjería podemos conseguir que tengamos un reparto con los criterios que aprobemos en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia todas las comunidades autónomas, y con la financiación suficiente para poder crear los dispositivos necesarios para atenderlos”, afirmó Delgado, quien aseveró que “los gobiernos regionales siempre han estado de acuerdo, lo que exigen es suficiente financiación”. Canarias tutela a 5.357 supuestos menores extranjeros no acompañados y cuenta con 74 dispositivos alojativos. “En lo que va de año han llegado más de 14.000 personas por vía marítima, lo que demuestra el incremento notable de las llegadas en comparación con el mismo periodo del año pasado”, precisó la consejera.

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En este contexto, la mayoría de los representantes de las comunidades autónomas alertaron de que continúan recibiendo menores extranjeros no acompañados que llegan a sus territorios como si fueran mayores, pero que posteriormente declaran su minoría de edad, lo que obliga a las comunidades autónomas a asumir su cuidado. “Para que esta situación no siga repitiéndose y no nos arriesguemos a que convivan menores con mayores, es urgente que el Estado ponga en marcha un protocolo único de determinación de la edad en los centros temporales de atención a extranjeros (CATE)”, subrayó la consejera Candelaria Delgado.

La consejera aseguró que la ministra de Migraciones había garantizado, por otra parte, que pese a la prórroga de los presupuestos de 2023, Canarias contará este año con los 50 millones anunciados para hacer frente a los gastos de acogida de menores migrantes. “Ya sea por modificación presupuestaria u otras vías, nos han garantizado que esa financiación extra se garantiza. Esto nos alivia porque pensábamos que la prórroga cuestionaba ese incremento”, afirmó la consejera.

Última palabra para el Estado

Por su lado, Torres insistió en que “se está trabajando en el texto de carácter jurídico y una vez se consiga un texto común entre Canarias y el Estado entra una fase fundamental que es el recabar los apoyos parlamentarios”. Resaltó en este sentido que “tenemos que hacerlo desde el consenso expresado hasta ahora en el Parlamento de Canarias, así como en sendas recientes iniciativas en el Congreso y el Senado”. Aseguró que la propia ley incluirá que “antes de que el Estado ejerza la prevalencia” sobre el reparto de menores, se convocará a las comunidades autónomas para que “hablen, opinen y voten”, pero que “si no hay acuerdo se ejercería lo que marque la ley” tras modificar el artículo 35, es decir, que el Estado decidirá y establecerá el reparto que considere sobre la base de que empezarán a derivarse cuando Canarias, o cualquier otra región, supere el 10 % de la cantidad que se le asigne.

Torres aseguró que ninguna comunidad autónoma se había opuesto a la reforma que Canarias y el Estado han pactado a expensas de que se cierre el texto legislativo de manera definitiva. Afirmó que ninguna había pedido explicaciones adicionales a este respecto, pero expresó su preocupación por el hecho de que algunas gobernadas por el PP ya habían avanzado que se encuentran saturadas en estos momentos. “Quien tiene una importante llegada de menores no acompañados es Canarias, con cerca de 6.000 personas. Es un poco contradictorio por parte de algunas comunidades autónomas que digan que están saturadas porque lo que se va a plantear si se produce el cambio normativo, y tiene que ser con el voto del PP, es un reparto en función de unos criterios pactados”, resaltó el ministro

“Lo que importa es que, si finalmente se consigue un texto jurídico, hay que sentar a los partidos para decidir si se firma o no. Tenemos que conseguir el apoyo de todos, salvo la ultraderecha. Del mismo modo que desde el Gobierno de España estamos para buscar una solución, lo tenemos que tener en idéntico parangón el principal partido de la oposición y el resto de los partidos nacionalistas”, resaltó el ministro canario. “Es un gran acuerdo de Estado que espero que lo que se ha manifestado hasta ahora se termine manifestado cuando tengamos el texto final”, enfatizó.  

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