Tribunales

La Fiscalía de Barcelona nombra a un fiscal de consumo e impulsa la persecución de los delitos de tráfico

La acusación pública perseguirá prácticas abusivas de compañías de suministros y fraudes 

La nueva fiscal jefe de Barcelona priorizará la defensa de las víctimas y de las personas vulnerables

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La zona de aceites de un supermercado de Barcelona.

La zona de aceites de un supermercado de Barcelona. / MANU MITRU

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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La Fiscalía de Barcelona ha acometido una profunda remodelación de algunas áreas especializadas y ha impulsado nuevos servicios. Una de las medidas más importantes es la creación de un fiscal de consumo que tramitará los asuntos sobre esta materia desde el punto de vista civil: en especial los que afectarán a una multitud de ciudadanos. Así, se encargarán de perseguir las presuntas prácticas abusivas de compañías de suministros, fraudes y otro tripo de irregularidades, según ha anunciado este viernes la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal. Es decir, actuará en defensa del consumidor y el usuario, en especial de los que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Para ese cometido, se ha nombrado a la fiscal Paloma Pelegrín.

El servicio de consumo estará interrelacionado con otras áreas de la misma fiscalía, como la contencioso-administrativa (reclamaciones ante la Administración) y la de violencia contra la mujer (VIDO) por, entre otros aspectos, los casos relativos a los anuncios sexistas. La protección jurídica de las personas con incapacidad o que sufran discriminación o temas de especial transcendencia o afectación, como las preferentes o las cláusulas suelo, pasarán por las manos de la fiscal Paloma Pelegrín.

El ordenamiento jurídico español, asumiendo diversas directivas de la Unión Europea, legitima al fiscal para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, frente a los posibles abusos cometidos por compañías de servicios, entidades bancarias y diversas formas de contratación masiva de servicios. Esta habilitación ha conllevado una creciente intervención de los fiscales en esta vertiente, una faceta cada vez más conocida por la sociedad. De ahí que se haya creado en Barcelona este nuevo servicio específico. Eso sí, será desde el punto de vista civil, ya que los delitos de este ámbito seguirán siendo tramitados por otras áreas, como la económica, que investiga, por ejemplo, la alteración fraudulenta de los precios de mercado.

Delitos de tráfico

La fiscalía de Barcelona cuenta a tiempo completo desde marzo de 2023 con una fiscal exclusiva para los delitos de tráfico a la que desde hace unos años se encarga de este asunto: Isabel López Riera. De esta manera, se pretende impulsar la persecución de estas infracciones penales, que van desde las alcoholemias y la conducción bajo los efectos del consumo de drogas (circunstancias que se dan en el 40% de los accidentes, de los que en el 95% de los casos es por ponerse al volante bebido) a pilotar un coche sin carnet, sin puntos o habiendo quebrantado una resolución judicial (40%). Especial atención se pondrá en los accidentes por imprudencia con dos o más muertos, los que produzcan lesiones graves o en el abandono del lugar del accidente en supuestos en que se registre un fallecido. Otro de los objetivos pasa por solventar el pago de indemnizaciones a las víctimas y que se cobren de la compañía aseguradora o del investigado durante la instrucción del proceso judicial si no existe ninguna discusión jurídica.

Otra de las dificultades con las que se encuentra este servicio de delitos de tráfico es la persecución de los conductores de patinetes eléctricos que provocan un accidente y la posibilidad de resarcir a las víctimas del siniestro. Según ha explicado la fiscal López Riera, existe un verdadero problema en la identificación del autor del accidente, a pesar de que se intenta revisar las cámaras de seguridad de los edificios, oficinas bancarias o comercios. "Es muy difícil", ha reconocido. El otro problema es que muchos de estos conductores no tienen seguro y, por lo tanto, es difícil que las víctimas perciban una indemnización.