La activista que atrevió a denunciar en la ONU que Andorra prohíbe el aborto, Vanessa Mendoza: "Siento que se me está riñendo"

La activista andorrana que defiende la despenalización del aborto en el Principat d'Andorra, Vanessa Mendoza Cortés, acusada de desprestigiar al Govern y las instituciones del país, ha declarado este lunes en el juicio que se ha celebrado en la Batllia (juzgados) que siente que se la está riñendo por su participación (el año 2019) en el Comité de la ONU por la eliminación de la discriminación hacia la mujer. La sesión se ha centrado en analizar si las expresiones que recoge el informe que presentó frente al organismo, como presidenta de la asociación Stop Violències, emparan o van más allá de la libertad de expresión. Desde la fiscalía creen que se ha atentado a los derechos de los funcionarios con unas afirmaciones que no han quedado demostradas.

Vanessa, la mujer que se atrevió a denunciar en la ONU que Andorra prohíbe el aborto llega a juicio

La vista oral ha estado seguida por más de 60 personas, entre ellas representantes de organizaciones como Aminstía Internacional, que también se ha manifestado al exterior de la sede de la justicia de Andorra. Desde la Fiscalía han instado a Mendoza a demostrar algunas de las afirmaciones que constaban en el informe presentado frente al Comité de la ONU, como que por ejemplo el Principado impone la maternidad a menores de edad o ejerce una violencia estructural hacia mujeres extranjeras. En este sentido, la presidenta de Stop Violències ha indicado que, entre otras, estas expresiones se basan en la experiencia atendiendo a varios casos que han llegado a la entidad. También ha afirmado que no tiene que "probar nada" y que esta función no le toca hacerla en el Estado.

La batalla del aborto en Andorra: una lucha perseguida en pleno siglo XXI

La activista ha dicho que el gobierno del Principado ya tenía conocimiento del texto antes de su comparecencia en la ONU y que fue con la voluntad de dialogar y conseguir un proceso de mediación. Aparte, ha negado que su voluntad fuera la de desprestigiar a las instituciones andorranas y que no se pensaba que el ejecutivo se sentiría "ofendido" y que presentaría una denuncia en contra suya. Así pues, admitiendo que hay afirmaciones "contundentes", ha insistido que su objetivo y el de la entidad que representa es "avanzar en derechos".

La Fiscalía ha pedido una pena de multa de 6.000 euros, a los cuales ha sumado otros 6.000 en concepto de responsabilidad civil y una inhabilitación de seis meses para cargo público. Desde el ministerio público han insistido en que sus declaraciones son "falsas y malintencionadas" y las han desvinculado de la defensa de la despenalización del aborto en Andorra. Por otro lado, el abogado de la defensa, Miquel Bellera, ha asegurado que las afirmaciones no han causado ningún desprestigio al Estado y que tampoco ha quedado demostrado que la activista faltara a la verdad.

Después de la vista oral, el letrado ha indicado que "efectuar una persecución a una persona en base al prestigio del estado vulnera el derecho a la libertad de expresión de forma flagrante". Mientras, la presidenta de Stop Violències ha insistido que este "es un proceso contra el feminismo, el derecho de las mujeres, las libertades fundamentales y, por supuesto, contra el aborto". También ha señalado que "nunca un grupo de ciudadanas había ido tanto lejos ni hablado tanto alto para defender un derecho". De todas formas, ha dejado claro que, en caso de ser absuelta, no tomará acciones contra el gobierno porque su objetivo es recuperar "el lugar social" que tenían como entidad y poder volver a colaborar con la administración pública.

Piden derogar el delito contra el prestigio de las instituciones

Por su parte, Mònica Costa, encargada de campañas de Amnistía Internacional y de temas sobre los derechos de las mujeres a Europa, ha dicho que ve "incomprensible" que Mendoza fuera a la ONU a compartir información sobre las consecuencias de la prohibición del aborto en el Principado y saliera "con una denuncia". Además, ha insistido en la necesidad de derogar el artículo 325 del código penal contra el prestigio de las instituciones, puesto que cree que este "protege a las autoridades" y "evita la crítica legítima".

Mientras, una representante del Centre de Drets Reproductius ha denunciado que se silencie la tarea de personas que trabajan por la despenalización del aborto y al conseguir que las mujeres queden "libres" de la violencia de género. En este sentido, ha dicho que juicios como el de este lunes se hacen para conseguir un "efecto disuasivo". Por otro lado, una representante de la organización Women's Link, cree que la causa tiene que ver con la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que se ha hecho con la voluntad de "criminalizar" el activista.

Finalmente, el gobierno andorrano ha querido aclarar que la situación procesal de Mendoza no tiene que ver con su defensa del derecho al aborto y que la acción promovida desde la fiscalía se ha hecho en defensa de la integridad de los funcionarios del ámbito de servicios sociales delante, según han expresado en un comunicado "de unas manifestaciones que no obedecen a la realidad" y que se ha entendido que exceden los límites que cualquier estado de derecho y democrático establece en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Desde el ejecutivo del Principado han querido transmitir la tarea que se está llevando a cabo para adecuar las normas y la práctica sobre la interrupción voluntaria del embarazo a la evolución de la sociedad andorrana. Así, se ha citado los dos años de trabajo en una modificación del Código Penal que establezca la exención de responsabilidad penal a las mujeres que decidan abortar fuera de Andorra, lo cual permitiría también el reembolso económico de la intervención médica. La idea, según ha explicado el ministro portavoz del gobierno andorrano, Guillem Casal, es conseguir una "ensambladura" que permita mantener la estructura institucional del país.