La batalla del aborto en Andorra: una lucha perseguida en pleno siglo XXI

Vanessa M. Cortés cuenta con sonrisa pícara que aceptó el reto que le lanzó el hoy jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, años atrás, cuando esta psicóloga social empezó a remover cimientos con la asociación feminista Stop Violències, creada en 2014. «El tema del aborto nunca será motivo de debate en este país», asegura que le soltó. «El tema del aborto» es en Andorra la gran batalla del feminismo, pues en 2021 sigue estando tipificado como delito en el código penal del Principado.

Para un aborto voluntario, prevé para el médico hasta tres años de cárcel y hasta cinco de inhabilitación. Para la mujer, una difusa «pena de arresto», de la que no especifica más. Leyes que se amparan en una Constitución (1993) que en su octavo artículo dice que: «Reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases». «La Constitución no tiene nada que ver con la realidad. Ni las normas ni los principios constitucionales se han desarrollado, ni hay intención», expone Elisa Muxell, presidenta del Institut de Drets Humans d’Andorra. «Todo está muy mitigado por cinco o seis grandes familias que dirgen el país», añade.

Que la figura de jefe de Estado recaiga de forma indivisa y compartida entre el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgell –los dos son copríncipes de Andorra– explica muchas cosas, sobre todo lo segundo. «Hablamos de un fundamentalista religioso, de un señor que opina de cuestiones de Estado. Yo digo que estamos en una teocracia parlamentaria. En última instancia, este señor está decidiendo», sentencia M. Cortés. Para el Gobierno, expone la abogada andorrana Elisabet Zoppetti, el aborto es un tema «això no toca, como diría Pujol». Pero no tocará nunca, dice, por el miedo institucional a perder la protección del obispo y el poder intangible del Vaticano. «No tocará nunca porque nos gobierna la Iglesia», apostilla M. Cortés.

Al cruzar la frontera estás a 50 años ideológicamente de tu casa

— Vanessa M. Cortés

Esta es la situación de la que muchos catalanes consideran algo así como su quinta provincia. Y que muchos desconocen. «Al cruzar la frontera estás a 50 años ideológicamente de tu casa», precisa M. Cortés. «Es una cuestión de privilegios. Venís [los catalanes] aquí a desconectar de vuestra casa, no os importa quién abre las tiendas, cómo vivimos aquí. No os queréis sentir opresores pero lo estáis siendo, estáis contribuyendo económicamente», añade.

146 mujeres andorranas abortaron en centros autorizados en Catalunya en 2019, según un informe del Departament de Salut.

Anclada en el pasado, es una gran burbuja capitalista esclava del comercio y el ocio, en la que los horarios interminables laborales (tiendas abiertas toda la semana, por ejemplo) lastran la vida social. En este contexto, muchas mujeres andorranas se ven obligadas a abortar fuera de su país. «Andorra no las puede perseguir judicialmente porque se trataría de un delito cometido fuera del territorio», apunta la abogada Zoppetti. Lo hacen en Catalunya, principalmente, y también en Francia (Toulouse y Perpinyà, cita M. Cortés). Porque en Andorra (en una situación parecida quedan San Marino y Malta) hoy no se puede interrumpir el embarazo en ningún caso, tampoco tras una violación o con un feto con malformaciones incompatibles con la vida. «Esto vulnera los derechos humanos que tenemos como mujeres», sentencia M. Cortés. 

Eric Silvestre es el único médico que públicamente se ha manifestado en favor de su despenalización. Cuenta que los facultativos, si son preguntados por un paciente por el tema, les informan: «Se ha aceptado que podemos hacer las cosas sin decirlas para no meterte en problemas. Se da una dirección, de escondidas y no pasa nada». «Esa es la hipocresía que vivimos. No hay control, no hay supervisión, no sabes cuántos abortos clandestinos hay», replica M. Cortés. La presidenta de Stop Violències resume así la situación: «Vosotros venís a Andorra a comprar perfume, nosotros a Catalunya a comprar derechos». 

Se ha aceptado que podemos hacer las cosas sin decirlas. Se da una dirección, de escondidas y no pasa nada

— Eric Silvestre, médico

Según el informe del Departament de Salut de la Generalitat sobre interrupciones voluntarias del embarazo del 2019, 146 andorranas acudieron ese año a centros catalanes para abortar. Y con ello, acarrearon con el consiguiente coste: de 300 a 2.000 euros, aproximadamente, lo que deja a las mujeres más vulnerables a la intemperie. M. Cortés explica que a través de la red La Meri, impulsada por la asociación, ha conocido a mujeres (decenas al año piden asesoramiento ) que han tenido que pedir un crédito para poder llevarlo a cabo. 

Acción judicial

Stop Violències es desde 2014 el gran motor de la movilización en favor de los derechos de las mujeres. Este mismo sábado se ha celebrado una manifestación en favor del derecho al aborto en Andorra La Vella. La primera fue en 2018. «Antes el feminismo no existía aquí. Nadie, ni personas ni entidades, se denominaba feminista», dice M. Cortés. Se viene de muy atrás: señala, por ejemplo, la falta protocolos y de personal especialista en violencia machista: ni jueces, ni policía, ni abogados... 

Amnistía Internacional reclama al Ejecutivo de Andorra que retire los cargos contra la presidenta de Stop Violències

La presidenta, cabeza visible del movimiento, internacionalizó el conflicto y lleva dos años en la diana por un informe que presentó ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (CEDAW). Fue acusada por la fiscalía andorrana tras una denuncia del Ejecutivo por «calumnias» y «difamación» alegando que el «prestigio y buen nombre» del Estado andorrano habían quedado en entredicho. M. Cortés se enfrenta a penas que pueden comportar hasta cuatro años de cárcel. 

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha reclamado al Ejecutivo de Andorra que retire los cargos contra la presidenta de Stop Violències. «Lo que el Gobierno quiere es adoctrinar y ejemplarizar. Está haciendo abuso de poder, de autoridad, y lo está viendo todo el mundo. Es más fácil criminalizar y perseguir a una persona que no a un movimiento social», expone la psicóloga. «En dos años nadie ha dado una cifra, nadie ha demostrado que lo que yo decía en el informe era mentira», añade. 

Lo que el Gobierno quiere es adoctrinar y ejemplarizar

— Vanessa M. Cortés

Cuando este diario contactó con Stop Violències pidió que se presentaran al encuentro más mujeres más allá de su presidenta y las mencionadas en este artículo. «No quieren, hay mucho miedo», respondió. ¿De qué? ¿De quién? «Del Gobierno. Trabajamos en sus negocios, la infraestructura es suya. Si no trabajas directamente para ellos, lo haces para alguno de ellos. La gente tiene miedo, mírame a mí. Quieren hacer un castigo aleccionador. No soy la primera a la que tocan, pero sí la primera que lo he internacionalizado».

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