Vanessa, la mujer que se atrevió a denunciar en la ONU que Andorra prohíbe el aborto llega a juicio

Vanessa Mendoza Cortés se enfrenta este lunes a un juicio por difamación tras denunciar ante Naciones Unidas en 2019 que Andorra no permite abortar en ningún supuesto, una situación que, asegura, es posible porque el país "está gobernado por el Obispo de Urgell, la misoginia y la extrema derecha".

"Mujer, feminista, lesbiana y gitana", Mendoza ha asegurado en una entrevista con EFE que todas esas identidades "tienen mucho que ver" con el juicio que afronta ante una "teocracia parlamentaria", como define a su país, que recuerda tiene como jefes del Estado a los 'copríncipes de Andorra', esto es, el Obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Si bien, según ha explicado a pocas horas de ir al juzgado, su denuncia la firmó el propio jefe de Gobierno, Xavier Espot, para quien este asunto, según esta psicóloga especialista en derechos reproductivos y sexuales, "ya se ha convertido en algo personal".

Todo parte de octubre de 2019, cuando la activista de la asociación "Stop Violències" participó en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde se llevaba a cabo el examen periódico de Andorra ante el Comité de Naciones Unidas, y trasladó un informe crítico con la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto.

"En Andorra si violan a una niña te dicen que no puede abortar", llama la atención Mendoza, quien denuncia que la realidad es que las mujeres tienen que viajar a Cataluña para interrumpir el embarazo y, según el estado gestacional, desembolsar entre 300 y 8.000 euros.

Apoyo de instituciones y ONG

Oenegés como Amnistía Internacional han mostrado su apoyo a Mendoza y han reprobado la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Andorra, así como también, esta misma semana, el propio Consejo de Europa.

La comisaria de derechos humanos de la institución, Dunja Mijatovic, ha criticado con dureza el proceso contra Mendoza que, a su entender, restringe la libertad de expresión de la activista y de otras personas en Andorra que defiendan causas similares.

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Por ello, Mijatovic exige en un escrito a las autoridades andorranas que tomen "las medidas necesarias" para garantizar la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

Preguntada la activista sobre cómo puede ser que la legislación sea tan dispar en un país que comparte frontera con dos Estados de la Unión Europea, la activista se muestra pesimista sobre que la situación pueda cambiar "mientras gobierne un Obispo".

"Vosotros nos comparáis perfumes, nosotros derechos"

"Compartimos idioma con Cataluña pero no tenemos los mismos derechos. Somos vuestro Marina d'Or. La gente pasa el fin de semana, pero no abre un periódico y ve cómo vivimos", lamenta Mendoza, quien añade: "vosotros venís a comprar perfumes a Andorra y nosotros bajamos a comprar derechos como el del aborto".

Por su juicio de difamación, que en un primer momento acarreó cargos que conllevaban prisión, aunque estos ya cayeron de las peticiones de la Fiscalía, se enfrenta a una multa de 6.000 euros, una indemnización de 6.000 euros más, además de seis meses de inhabilitación.

La percha judicial es, en concreto, el artículo 325 del Código Penal andorrano, que castiga a quien "con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio".

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Un juicio, el que arrancará este lunes en la Batllia (Juzgado andorrano), que para la acusada es a todas luces "desproporcionado" pero del que no espera salir absuelta en un proceso judicial que, subraya, "es de un jefe de Gobierno contra una ciudadana que ha plantado cara desde la democracia y el pacifismo".

"Irán a por mí, me condenarán, querrán lanzar un mensaje de que no hay que alzar la voz", vaticina la activista, quien señala que muchas mujeres andorranas (algunas incluso públicamente) le dan las gracias por alzar la voz.

Aunque no quiere dar datos personales, su organización, 'Stop Violències' atiende a unas 40 mujeres al año, la mayoría "pobres", temporeras, y muchas agredidas sexualmente por sus parejas o exparejas, una situación que tampoco se contempla específicamente, asegura, en el Código Penal de Andorra.