30.000 euros y antecedentes penales, las consecuencias de defender el aborto en Andorra

"Vosotras venís a Andorra a comprar. Nosotras vamos a Catalunya a abortar", así de contundente se ha mostrado en múltiples ocasiones la activista feminista y proabortista andorrana Vanessa Mendoza. Sus acciones al frente de la asociación Stop Violències podrían llegar a costarle 30.000 euros si no se retiran los cargos de calumnias y difamación de los que le acusa la Justicia de su país. En el Principado está prohibido abortar en todos los casos. Junto a Malta, es el único país europeo que aplica leyes tan estrictas sobre la interrupción del embarazo.

A pesar de que el activismo por los derechos de la mujer y el aborto no están prohibidos como tal por ley en el Código Penal, de facto, defender dichos preceptos puede suponer cargos de calumnias, difamaciones o desprestigio a las instituciones nacionales, delitos que sí son considerados crímenes que pueden acarrear incluso penas de cárcel.

Legalmente, la Constitución del país de 1993 protege en su artículo octavo el derecho a la vida "plenamente y en todas sus fases" así como de forma explícita, "los delitos contra la vida humana prenatal" quedan prohibidos en el Código Penal de 2005, que estipula un castigo de arresto de duración indeterminada para aquellas mujeres que se sometan a la intervención. Por otro lado, practicar una interrupción consentida del embarazo en el Principado conlleva al profesional que la realice una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier tipo de profesión sanitaria así como penas de cárcel de entre tres meses y tres años.

30.000 euros y antecedentes

"La denuncia inicial, el procesamiento y la acusación formal posterior de Vanessa Mendoza Cortés después de su participación legítima en un órgano experto de la ONU es simple y llanamente un intento vergonzoso y deliberado de impedirle manifestar sus opiniones y castigarla por hablar sobre el aborto y los derechos de las mujeres", asegura Monica Costa, portavoz de Amnistía Internacional. Desde el organismo, han llevado a cabo una campaña de firmas para pedir al Gobierno de Andorra que retire los cargos.

En función de este marco legal, en 2020, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra Mendoza después de que el Gobierno de Andorra presentara una denuncia convirtiéndola en la primera persona del país en ser encausada por este delito, según denuncia a EL PERIÓDICO la propia activista. Mendoza había informado unos meses antes de la situación de los derechos de mujeres y niñas en el país pirenaico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Su intervención en el foro y sus posteriores apariciones en programas de televisión y medios de comunicación podrían llegar a costarle una multa de hasta 30.000 euros y un registro de antecedentes penales en caso de ser declarada culpable.

Aunque el debate no es nuevo, históricamente, las mujeres andorranas no han tenido jamás derecho al aborto y eso es principalmente debido a la organización política del Estado que data de 1288. Andorra es un principado bicéfalo en el que conviven como jefes de Estado el presidente de la República Francesa y el Obispo de Urgell. Este gran poder que ostenta la Iglesia católica en el pequeño país pirenaico implicaría que en caso de adoptarse una ley que legalizara la interrupción voluntaria del embarazo se abriría por completo una crisis institucional y política. Ya en el año 2018, el Vaticano alertó al obispo de Urgell de que el aborto y la jefatura de Estado eran incompatibles. En Francia en cambio, el aborto es legal a petición de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo (primer trimestre). Aún así, Emmanuel Macron ha remarcado en sus repetidas visitas al principado que respeta la soberanía andorrana para legislar al respecto.

Coste inasumible

Según ha denunciado la Associació Stop Violències, tener que ir a abortar al extranjero ha supuesto para muchas mujeres un coste inasumible así como un fuerte trauma. Ni siquiera una violación o una malformación del feto que le imposibilite la vida se pueden acoger al proceso. De este modo, hay mujeres (y niñas) que se ven obligadas a parir a pesar de haber sufrido violencia sexual o de que su feto no sea viable.

Además, el copago de las ecografías, el coste de la intervención en caso de no poderse realizar a través del sistema público de salud o incluso los días de baja tras la intervención suponen un elevado gasto económico que hacen que algunas mujeres no puedan acceder al procedimiento en el extranjero. Para asesorar y ayudar a las mujeres en esta situación de desamparo, la asociación puso en marcha Xarxa La Meri, desde donde dan información y acompañamiento a las mujeres que decidan viajar a Catalunya para interrumpir su embarazo de forma segura. 

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