Claves de la crisis migratoria

La violencia política y el mar en calma empujan a los cayucos hacia Canarias

La ruta más letal de emigración a España es ya la más transitada

EDITORIAL | Crisis migratoria en Canarias

Juan José Fernández

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Son ya más de 5.000 en lo que va de octubre, y llegaban a 14.976 los acumulados al final de septiembre. La riada de senegaleses embarcándose en la ruta atlántica para llegar a Canarias se va aproximando al récord de 31.000 subsaharianos arribados en la crisis de los cayucos de 2006.

Fue la más cuantiosa conocida por España, si bien de menor gravedad política que la avalancha de 15.000 migrantes en 48 horas sobre Ceuta en mayo de 2021.

El trasiego de personas entre Senegal y Canarias alcanza el nivel de crisis migratoria, aunque sus proporciones no resistan comparación con la de Italia. En aquel país, a mediados de septiembre ya eran más de 123.000 migrantes llegados este año; y en la isla de Lampedusa se han producido este verano arribadas récord de 5.000 personas en un día; la mayor registrada en El Hierro no ha superado las 900.

Este 12 de octubre, 648 migrantes llegaron a Canarias cruzando el Atlántico desde África, en una travesía de 1.500 kilómetros. En lo que va de año, la ruta atlántica -que es la más peligrosa para llegar a España- supera en 4.500 personas a las 10.487 que Interior ha contado cruzando el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán hacia la península y Baleares.

Qué empuja a los migrantes en esta oleada de cayucos

A la pobreza, que es la razón de siempre, se le une ahora una explicación política y otra climatológica. Y ambas se superponen a la letalidad de la travesía, la peor del mundo, con más de 900 muertes en lo que va de año.

La razón climática tiene que ver con el periodo de calmas atlánticas, o episodios de escaso oleaje, en la travesía hasta Canarias. El retorno otoñal del viento cierra esa ventana de oportunidad, y eso apremia aún más a los migrantes a intentar aprovechar la buena mar.

Pero el factor político empuja más.

En agosto de 2022, unas elecciones acabaron con el presidente de Senegal, Macky Sall, y la oposición proclamándose ganadores. Desde entonces, la inestabilidad no decrece.

En junio pasado, las protestas en la calle contra el presidente se saldaron con 23 muertos, según Amnistía Internacional. La persecución contra opositores arreció en todo el país, provocando un chorro de exiliados que Dakar no hacía mucho por detener. “En una crisis como esta, al poder no le viene mal que sus enemigos se vayan”, explica una fuente policial experta en la emigración africana.

En julio pasado, antes de que la situación entrara en barrena, Interior transmitía a sus socios europeos su temor: se acercaba una oleada migratoria proveniente de África. Y urgía España a la UE a pactar un reglamento para estas situaciones. España tiene contacto e información directa en Senegal, Gambia, Níger y Mauritania, merced a los acuerdos que le permiten desplegar guardias civiles y policías en sus territorios vigilando la salida de cayucos.

A finales de julio, el encarcelamiento del líder opositor, Ousmane Sonko, reactivó la secuencia de disturbios y represalias. Senegal se ha vuelto un país peligroso para la oposición.

Disturbios en Senegal, tras la detención del líder opositor, Ousmane Sonko, en marzo pasado.

Disturbios en Senegal, tras la detención del líder opositor, Ousmane Sonko, en marzo pasado. / ZOHRA BENSEMRA REUTERS

Qué hacen los migrantes al llegar

Todos los que han sido rescatados o interceptados en su llegada a España -ahora el desesperado pasaje de los cayucos que arriban a Canarias- pasan primero por un examen y atención de una oenegé, generalmente Cruz Roja. Cuando se recuperan de la deshidratación y el frío de más de 48 horas de travesía -en el caso de la actual oleada, ya derivados a otras islas- pasan ante los agentes de Extranjería de la Policía, que les darán un número de identidad y les harán las primeras preguntas: quiénes son, de dónde vienen, dónde van, qué vulnerabilidades sufren (ancianos, enfermos, menores, mujeres) … y si precisan protección.

La inmensa mayoría de recién llegados pide asilo. No solo es lo que pueden aconsejarles las oenegés, ni lo que les han recomendado por teléfono los migrantes que les precedieron: es que es preceptivo para Interior y para Asuntos Sociales averiguar la vulnerabilidad en que se encuentre el llegado irregularmente. Y entre los factores de vulnerabilidad está si precisa refugio.

El año pasado, 118.482 personas solicitaron asilo en España, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). España es el tercer país al que más asilo se le pide en Europa, tras Francia y Alemania. El total europeo en 2022 fue de 963.067 peticiones. Madrid (47.658 solicitudes), Andalucía (11.722) y Catalunya (10.296) encabezan la lista por autonomías.

Senegal no está entre los diez primeros orígenes de solicitantes de asilo en España en 2022, pero su violenta inestabilidad política le va a hacer escalar la estadística en 2023.

Por qué la mayoría no consigue residencia legal

De media, a solo un 16% de los peticionarios de asilo se lo concederá el Gobierno. Son 22 puntos menos que la media europea; pero en porcentaje no en cantidad: otros países no son frontera exterior de la UE, y registran muchas menos peticiones.

O sea, menos de uno de cada cuatro arribados a Canarias en esta oleada recibirá asilo. Se concede el refugio a aquellos extranjeros que acreditan estar en riesgo de muerte si vuelven a su país, o en peligro de trato inhumano, persecución y cárcel por motivos políticos o religiosos, por raza u orientación sexual.

Por eso es más probable que obtenga asilo una mujer huida de la guerra en Sudán o un homosexual iraní que un campesino que trata de salir de la pobreza de Marruecos. La ley no prevé asilar a quien huye de de la precariedad… que es precisamente la razón que mueve a cruzar el mar a la práctica totalidad de los inmigrantes llegados a España. Pero no está claro que sea este el caso de la mayoría de pasajeros de esta oleada de cayucos. Provenientes de un Senegal inestable, se aproximan más a las causas de concesión.

Una vez iniciado el trámite de asilo, la ley prevé respuesta de la administración en 60 días. Pero hay tal acumulación de peticiones por resolver (108.000 el año pasado) que el retraso alcanza los 17 meses (media calculada por Eurostat en 2021).

inmigrantes senegaleses, en el centro de estancia Las Raíces de Tenerife.

inmigrantes senegaleses, en el centro de estancia Las Raíces de Tenerife. / BORJA SUAREZ EFE

Qué pasa con los migrantes rechazados por España

Cuando finalmente las autoridades superan el atasco burocrático que hace incumplir los plazos de resolución, la concesión de asilo o su denegación deben ser notificadas oficialmente a la persona que lo pide. Y ese trámite puede convertirse en kafkiano.

El extranjero pendiente de concesión de asilo puede circular libremente por España. Pero, imposibilitado de ganarse la vida en condiciones normales, no tendrá un domicilio fijo o no se lo dirá a las autoridades. Su última dirección conocida será el Centro de Estancia Temporal en el que fue acogido. O sea, será muy difícil notificarle la expulsión.

Una vez notificada la negativa, el proceso se acelera: Interior tiene 15 días para acordar la expulsión del extranjero que entró de forma irregular y no es asilado. Y si le convoca para un vuelo de repatriación, este ha de despegar en como máximo 72 horas, o la convocatoria dejará de tener validez, según han establecido los tribunales.

Fuentes policiales han informado a EL PERIÓDICO de que Interior está preparando nuevos vuelos de devolución de migrantes desde Canarias. Los últimos vuelos de devolución tuvieron lugar en marzo pasado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reunido en Nuackchot con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani para hablar de la oleada migratoria que llega a Canarias,

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reunido en Nuackchot con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani para hablar de la oleada migratoria que llega a Canarias, / Ministerio del Interior

Cómo impacta la oleada de migrantes en la relación Canarias - Estado

La llegada rápida de miles de personas a islas pequeñas como El Hierro provoca un rápido agotamiento de los recursos de acogida y, a menudo, nerviosismo en la población. Suelen aprovechar las fuerzas de los extremos derecho e izquierdo del arco político, las primeras para extender xenofobia y denunciar laxitud de las autoridades ante una "invasión” o para acusar las segundas a las mismas autoridades de arbitrariedad y racismo con los desfavorecidos.

La tensión crece también entre los políticos. Interior se lleva a los adultos de puntos de concentración de migrantes como el muelle herreño de La Restinga, para dispersar la presión en otras islas. Pero los menoresque llegan no acompañados son una competencia autonómica.

El presidente de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, ha clamado contra el Gobierno mientras esperaba a que Asuntos Sociales consiguiera que otras comunidades aceptaran un reparto de los menores que se iban acumulando en las islas. El acuerdo llegó esta semana. Y ha clamado contra Interior exigiendo que se organice un mando único para tratar esta crisis, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006, bajo jefatura de la vicepresidenta del Gobierno de entonces, María Teresa Fernández de la Vega.

El ministro del Interior, <strong>Fernando Grande-Marlaska</strong>, ha respondido recordando que las gestiones de su departamento han conseguido parar el 40% de las salidas de cayucos desde las costas africanas. Son 7.000 migrantes interceptados en Mauritania que iban a viajar a Canarias, y 4.000 en Senegal.

El miércoles pasado, viajó Marlaska a Nuakchott por cuarta vez para pedir a las autoridades más vigilancia de sus costas. Y el próximo lunes vuela a Canarias, donde el último ring de la tensión política es el de los efectivos policiales.

En el muelle de La Restinga, en los peores momentos hay un solo guardia civil, ha denunciado Clavijo. La dotación del instituto armado en El Hierro ha sido incrementada en un 18%, ha contestado Interior, y se han comisionado diez policías de extranjería, además de guardias antidisturbios de los Grupos de Reserva y Seguridad.