España urge a la UE a regular las crisis migratorias en previsión de oleadas desde Senegal, Gambia y Sudán

La próxima gran oleada de migrantes y refugiados hacia Europa no provendrá de Oriente Medio, como la penúltima, sino muy probablemente de África. Y las puertas europeas a las que llamará no serán las de Grecia y el Este, como cuando reventó Siria, sino las de España e Italia. A ese escenario apuntan los violentos desórdenes en Sudán y, ahora, en Senegal y Gambia. Y sobre esa realidad está llamando España la atención de los socios de la UE, apremiando durante la presidencia española UE23 para acordar un reglamento de gestión de grandes crisis migratorias.

Ese reglamento fue uno de los temas centrales de la reunión informal de ministros europeos del Interior organizada en Logroño la pasada semana. En la UE “hay prisa”, admite un alto ejecutivo del equipo de Fernando Grande-Marlaska, no solo porque entramos en recta final de legislatura europea; también porque quedan dos presidencias europeas, la española hasta diciembre y la siguiente hasta julio, que corresponde a Bélgica, antes del turno de Hungría, cuyo gobierno sigue siendo un escollo para acuerdos europeos en inmigración.

Más cayucos, más gente

Las autoridades españolas perciben un paulatino incremento de cayucos que zarpan desde las costas senegalesas buscando Canarias. “Son más y más grandes -indica la fuente mencionada- y salen de costas menos pobladas que las marroquís, y por tanto más difíciles de vigilar".

Ya no son lanchas con una veintena de personas a bordo, sino embarcaciones con un centenar. Según el servicio de Salvamento Marítimo, llevaba 103 migrantes el último cayuco, rescatado por la Guardamar Calíope en aguas de Arguineguin (Gran Canaria) este domingo, mientras España andaba liada con las elecciones.

Solo cuatro días antes, el barco de rescate Salvamar Nunki acercaba al puerto deportivo canario Vela Latina a un cayuco con otros 70 hombres a bordo, que navegaba perdido a 27 millas al este de Las Palmas. Y la noche anterior había rescatado el Salvamar Adhara otro en aguas canarias, esta vez con 79 hombres y tres mujeres, todos de Senegal. De la diferencia de tamaños habla la última patera en la costa almeriense: la Salvamar Algenib la rescató con… 18 personas a bordo.

El goteo de cayucos aumenta porque la situación en dos puntos de emisión, Senegal y Gambia, no mejora. Amnistía Internacional certificó hace un mes 23 muertos en la represión policial de una jornada de manifestaciones en Senegal por la condena de Ousmán Sonko, líder opositor al presidente Macky Sall.

El pulso entre el régimen y la oposición, agravado desde marzo pasado, ha devenido ya en huida de senegaleses, similar a la que provoca en Gambia la represión iniciada por el ministro del Interior, el inspector general de policía devenido en político Yankuva Sonko, acusado por la fiscalía suiza de crímenes contra la humanidad.

Es previsible un deterioro significativo de la situación en ambos países este verano, apuntan fuentes de Interior, uno de los ministerios europeos con más ojos en la zona. Contribuye a la huida no solo el temor de los exiliados, también las complacencias de los gobiernos con que se les vaya, al fin y al cabo, gente desafecta.

No como con Ucrania

“La próxima oleada no será como la ucraniana, ni a la gente que venga le dará Europa el mismo trato”, apuesta un oficial de las fuerzas de seguridad del Estado de los que asistieron al desborde de jóvenes marroquíes sobre Ceuta en 2021.

Europa ha dado techo a algo más de cuatro millones de refugiados ucranianos adaptando velozmente sus recursos de acogida y sin que existiera reglamento de gestión de crisis migratorias. La voluntad política palió la ausencia de regulación. Pero no fue lo mismo poco antes, con centenares de miles de sirios pidiendo ayuda en las islas del Peloponeso, o encañonados y zancadilleados en páramos de Hungría y Polonia. A ese tipo de refugiados no los respaldaba la agenda mediática ni la propaganda institucional.

Para esas oleadas sin padrino, mejor un reglamento. Europa ya ha tallado dos de las tres patas legislativas de su nueva política migratoria. El 8 de junio, el consejo de Asuntos de Interior y Justicia acordó en Luxemburgo un reglamento sobre gestión del asilo y la migración y otro sobre el procedimiento de asilo.

Por el segundo, todos los estados de la UE han de actuar igual cuando alguien se presenta en su territorio pidiendo protección internacional; con el primero se trata de cerrar la discusión sobre qué estado examina si es fundada esa solicitud y qué países se quedan qué porcentaje de migrantes y con cuánta ayuda de los demás para pagarlo.

Esa, en realidad, es la cuestión vertebral. “Si se flexibiliza la solidaridad, entonces debemos flexibilizar la responsabilidad”, esgrime un ejecutivo de Interior a la hora de explicar la postura española. El Reglamento de Dublín aún vigente obliga al país de primera entrada a hacerse cargo del migrante tres años, durante los cuales, por ejemplo, Alemania puede devolver a España a un extranjero que, llegado aquí irregularmente buscara destino en Hamburgo.

Ahora esa responsabilidad se limita a un año… para los migrantes acogidos que lo hayan sido por rescate en el mar. O sea, la mayoría de los casos cada verano en España, de subsaharianos salvados por SAR (Search and Rescue).

Más presión

Hay otro asunto en la agenda de Interior para el semestre de presidencia europea: afianzar en Europa una visión “no solo securitaria, también holística”, tiene dicho Marlaska, de la “dimensión exterior de la política migratoria”. O sea, concienciar a la UE de que contra la inmigración ilegal no se pelea en las fronteras de la Unión, sino previniéndola en los puntos de origen. “Cuando zarpan los cayucos, ya cualquier solución es mala”, resume una de las fuentes mencionadas, muy próxima a esta acción policial preventiva.

España tiene desplegadas fuerzas en países con los que ha buscado acuerdos. Hay patrullas conjuntas de la Guardia Civil con las policías de Mauritania, Gambia y Senegal, aportando el instituto armado patrulleras y helicópteros.

En las ciudades mauritanas de Nuackchot y Nuadibú, en Niamey (capital de Níger) y en las senegalesas de Dakar y Saint Louis ayudan y forman especialistas de la Policía Nacional en la investigación de las mafias del tráfico y explotación de seres humanos, en los llamados equipos ECI.

Se trata no solo de atajar el flujo mortal por el Atlántico -han arribado a Brasil cayucos africanos… vacíos-, también las enormes caminatas saharianas hacia el Mediterráneo, con agujeros negros en la ruta.

El peor es el enclave argelino de Tamanrasset, centro operativo de las mafias que conducen a los migrantes subsaharianos hacia el norte, y lugar también de abandono, cuando no asesinato, de los más débiles o los insolventes de estas caravanas. De la reunión de Logroño ha salido el anuncio, ratificado por la eurocomisaria de Asuntos de Interior Ylva Johansson, de investigarlo con ayuda del organismo de Naciones Unidas ACNUR.

Quizá se llegue a tiempo para evitar que una ola de refugiados que huyen del Sudán en guerra pase por ese infierno, del que africanos llegados a Europa han referido dantescos relatos a Amnistía Internacional y el propio Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados.

La necesidad de una previsión legislativa para grandes crisis no solo viene apoyada por la urgencia: va a durar. Grande-Marlaska, para quien “la inmigración no es un problema, sino un desafío”, lo advirtió al término del encuentro de Logroño con una sucesión de cifras: “En África viven ahora 1.300 millones de personas. En 2030 serán 1.750 millones. En 2.050, 2.500 millones”.

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