Informe de Save The Children
Niñas y adolescentes sufren el 80% de las agresiones sexuales infantiles, que se inician a los 11 años
España incumple la obligación de contar con juzgados especializados en violencia hacia los niños
El Parlament impulsará una ley para que los delitos graves de pederastia no prescriban
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Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
Las alarmas han saltado esta semana cuando se ha sabido que un padre ha violado a su bebé, ha difundido los vídeos de las agresiones por internet y ha ofrecido a su hija a otros depredadores sexuales. Aunque este es un caso extremo, desgraciadamente cada año se interponen miles de denuncias por abusos sexuales a niños, un fenómeno que ha crecido un 70% en una década. En 2021, se abrieron 8.317 litigios por este delito y estos datos "son solo la punta del iceberg dado que se calcula que solo el 15% de los casos se denuncian", debido a que impera "la ley del silencio", los menores no lo verbalizan -a veces no saben reconocer el delito- o sus familias no acuden al juzgado, según Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save the Children. Otro dato espeluznante: el 80% de víctimas son niñas y adolescentes y los 11 años es la edad media en la que empiezan los abusos.
El informe revela que más del 50% de los pederastas son condenados a penas inferiores a cinco años
Esta información aparece en el informe 'Por una justicia a la altura de la infancia', realizado por la oenegé a partir del análisis de cerca de 400 sentencias judiciales de 2021 y 2022 sobre abusos sexuales a niños y niñas. El estudio revela que más del 50% de los pederastas son condenados a penas inferiores a cinco años (el 13,2% es sentenciado con menos de dos años de prisión, el 39,3% con dos a cinco años y el 36,6% a más de cinco años) y traza un perfil de víctimas y agresores que permite tener más conocimiento sobre estos delitos.
En ocho de cada 10 casos el agresor es un familiar o una persona conocida por el niño o niña, como un monitor o un vecino
Así, indica que en ocho de cada 10 casos el agresor es un familiar o una persona conocida por el niño o niña y que el 96% de los acusados no tiene antecedentes penales por haber cometido violencia sexual. El informe recoge varios ejemplos, como el de Carmen Corrales, una gaditana de 26 años que ha denunciado haber sido violada de los 10 a los 14 años por su abuelo. O el de Leoncio, de 12 años, que fue abusado por su monitor de extraescolares, el cual fue condenado a 2 años de prisión aunque el tribunal acordó suspender la pena con la condición de que no volviera a cometer el delito y pagara una indemnización al menor.
El perfil del agresor
En comparación con una investigación similar realizada por Save the Children en 2019-2020, se ha reducido ligeramente el número de agresores del entorno familiar (del 49% al 40% en 2022) y se ha incrementado el de violadores del entorno que no son parientes (34% al 42%), entre los que suele haber educadores, monitores, amigos o vecinos. Dentro de las familias los principales agresores suelen ser el padre o la pareja de la madre.
En cuanto al perfil de las víctimas, hay más apuntes terroríficos. Según el estudio, casi un 4% de las víctimas son niños o niñas con algún tipo de discapacidad, circunstancia que los agresores aprovechan para cometer los abusos sexuales. Y, en el 68,6% de los casos solo consta una víctima, aunque hay algunos depredadores que cometen abusos con hasta siete menores.
Según el estudio, casi un 4% de las víctimas son niños o niñas con algún tipo de discapacidad
Los fallos del proceso judicial
En la presentación del informe, Save the Children no ha querido incidir en las penas impuestas y por qué algunas son tan bajas dado que la "respuesta penal es la última respuesta" y hay que "poner el foco" antes en el ámbito preventivo. A este respecto, la entidad ha reclamado la puesta en marcha en su integridad de la ley de protección a la infancia, de forma que haya "formación tanto para los profesionales como las familias", con el fin de que sepan reconocer el delito y denunciarlo. De hecho, muchos niños ni siquiera saben que el abuso sexual es algo execrable. Por ejemplo, Carmen Corrales ha explicado en la rueda de prensa que como su agresor era su abuelo, "una persona de confianza y a la que quieres y él decía que era normal", ella pensaba que los abusos eran algo habitual en otros hogares, hasta que se dio cuenta, con 17 años, que no era así y ya estaba "súper hundida".
Cada vez que iba a declarar salía como un zombi, me dejaba destrozada
El caso de Carmen también permite comprobar que el proceso judicial "no está a la altura de la infancia", en palabras de Perazzo. Carmen tuvo que declarar cinco veces, lo cual le provocó una revictimización. "Cada vez que iba a declarar salía como un zombi, me dejaba destrozada", ha explicado, además de denunciar que lleva más de ocho años esperando a que se celebre el juicio contra su abuelo.
Según el análisis de las casi 400 sentencias, los niños declaran unas tres veces -ante la policía, la fiscalía y el juez- y solo en el 24,9% de los casos se utiliza la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que las víctimas no tengan que relatarlo ante desconocidos, a veces sin formación, una y otra vez.
Educación sexual
Para acabar con esta situación, la oenegé exige al futuro Gobierno que ponga en marcha juzgados especializados en la violencia que sufren los niños, una obligación legal desde 2022 pero que todavía no se ha cumplido. Asimismo, fuera del ámbito judicial, Save the Children reclama que se implante la educación afectivo-sexual que recogen varias leyes, dado que se trata de la "herramienta más poderosa para prevenir la violencia en todas sus facetas", en palabras de Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de la entidad.
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