Daniel Sancho podría cumplir pena en España si no lo condenan a muerte

Un acuerdo penitenciario internacional firmado en 1983 entre España y Tailandia y dos precedentes judicales que se tramitan en Bangkok representan ahora la esperanza para el español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en el complicado escenario penal en el que se haya como asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En caso de que se condene finalmente como autor del crimen y si la pena de muerte que se le fijara fuera conmutada, podría cumplir condena en España.

Entre Madrid y Bangkok hay un pacto en ese sentido firmado en 1983, "pero su aplicación no es ni mucho menos automática", admiten a EL PERIÓDICO fuentes diplomáticas. Como tantas cosas en materia penitenciaria entre países con códigos penales diferentes, hay en este asunto un importante espacio para la discrecionalidad.

A Daniel Sancho, además, le ayuda -o le complica más las cosas- otro caso de un español condenado por un delito de asesinato similar -también con descuartizamiento posterior para intentar ocultar el cadáver- y con la pena conmutada, así como otro caso parecido y más reciente que ahora se instruye en Thailandia, con un ciudadano alemán como principal encausado.

Otro caso español

Los representantes diplomáticos españoles en Tailandia tienen entre sus asuntos pendientes el cumplimiento de pena en España para el catalán Artur Segarra, condenado comomautor del asesinato de otro español, David Berrnat, cometido en territorio tailandés en enero de 2016. Segarra también intentó ocultar el cuerpo de su víctima despedazándolo. En agosto de 2020, la justicia tailandesa conmutó la condena a pena de muerte por otra de cadena perpetua para Segarra. Se aprovechó para la permuta el 68 cumpleaños del rey de tailandia Maha Vajiralongkorn, ocasión con la que la corona tailandesa atenuó las penas a una veintena de presos.

Segarra está en prisión en Tailandia desde febrero de 2016. Negó siempre ser autor del secuestro y asesinato de David Bernat... hasta que, en 2019, el Tribunal Supremo de aquel país hizo firme la condena a muerte. Un escrito admitiendo ser el autor del asesinato le facilitó ser incluido en la lista de conmutables por el rey.

Ahora bien, aunque la solicitud de traslado a una prisión española está en trámite, no hay precedentes en Tailandia de concesión de traslados de presos nacionales de otros países con penas tan graves antes de, al menos, ocho años de pena cumplida.

En el caso de Daniel Sancho, es crucial haber admitido la autoría desde casi el momento de su detención, el pasado fin de semana, para intentar evitar la pena de muerte, indican las fuentes consultadas, pero aún tiene mucho tiempo de trámite por delante. Primero ha de ser instruido el caso, después ha de comparecer en una vista que podría tener lugar dentro de dos años.

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La pena de muerte es el castigo que señala el código penal tailandés para el asesinato, así que después habría que esperar a la tramitación de una conmutación... y solo después esperar al menos ocho años de estancia en prisiones tailandesas.

Asesino alemán

Los turistas dan bastante trabajo a los tribunales tailandeses últimamente. La justicia de aquel país investiga el asesinato de un empresario alemán, Hans Peter Mack, de 62 años, en el que el principal inculpado es un compatriota de la víctima, Olaf B., de 52 años.

Hay además otros dos alemanes y un pakistaní involucrados en el crimen, pero de momento es Olaf B. el señalado por la policía tailandesa como el ideador de un plan para desmembrar el cuerpo del asesinado y hundir sus pedazos en el mar.

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Mismo cuadro penal: otro asesinato cometido en Tailandia por un ciudadano europeo y con víctima igualmente no tailandesa. En un país tan vinculado al turismo "no parece demasiado probable" la ejecución de un extranjero, indican las fuentes diplomáticas, y tampoco parece probable que uno sea conmutado y otro no... si bien un detalle complica el panorama: la acumulación de asesinatos cometidos en suelo tailandés por extranjeros no ayuda a que el gobierno de aquel país resista la tentación de la mano dura.

El convenio

Desde el 7 de diciembre de 1983, España y Tailandia tienen un convenio "sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales". Por ese acuerdo, ratificado en España en noviembre de 1987, presos condenados españoles pueden ser trasladados a Tailandia y viceversa, siempre que el delito cometido en el país emisor exista también en el código penal del país receptor del que es natural el reo.

Hay una serie de excepciones, como que el delito cometido no lo haya sido contra la seguridad del Estado o de la cúpula del Estado o que no haya consistido en un robo de antigüedades o tesoros del patrimonio artístico.

La cadena perpetua está contemplada en el convenio -es de hecho el primer escenario previsto en su punto 4: "Un delincuente será trasladado solamente: A) Si está condenado a una pena de prisión perpetua...". Pero el pacto, que ya tiene 40 años de vigencia, no entra a aclarar cómo se solventa técnicamente la diferencia que hay entre la cadena perpetua como se entiende en Tailandia y el concepto español de prisión permanente revisable. El reo, en cualquier caso, se somete a las condiciones penitenciarias del país receptor.

Daniel Sancho, una vez juzgado y condenado, podría ser trasladado a una cárcel española cuando "haya cumplido en el Estado trasladante, en el momento del traslado, la duración mínima prevista por la Ley de este Estado", dice el convenio. Para el caso de la pena de cadena perpetua, la práctica en la justicia de Tailandia es de ocho años de epera mínima.

Pero en estos caso es muy importante la habilidad del personal diplomático. Y esa perspectiva está ratificada por la experiencia. En 2011, un activo cónsul español que trabajaba muy directamente sobre las condiciones de vida de presos españoles en Perú -la mayoría por narcotráfico- fue clave para que España consiguiera traerse paulatinamente a 60 condenados a cumplir en cárceles españolas.

Antes de la existencia de este acuerdo, solo cabía la diplomacia. La mediación del rey emérito Juan Carlos I fue esencial para el caso de un ciudadano español condenado por tráfico de drogas, delito castigado muy duramente en Tailandia. El condenado era hijo de un militar alto cargo del servicio secreto español, entonces llamado CESID. Una gran discreción rodeó el caso.