El derecho a hacer toples llega también a las piscinas comunitarias: "La ley se aplica para todos"

El Govern trabaja para extender el derecho a hacer toples en las piscinas comunitarias a través de los administradores de fincas, que serán los que deberán garantizar que no haya casos de discriminación. Así lo ha anunciado la 'consellera' de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en la presentación de la campaña 'Mi piscina no discrimina', diseñada por el ilustrador Javirroyo y en la que se incide en los derechos de los usuarios.

"La ley se aplica para todos y las normas de Igualdad no son recomendaciones, son tan leyes como las demás", ha afirmado Verge. El objetivo final no es solo sancionar las malas prácticas -los usuarios podrán denunciar incumplimientos- sino sobre todo "erradicar las discriminaciones".

Circular

Aprovechando que hace pocas semanas que se han configurado los nuevos ayuntamientos, el Departament d'IIgualtat i Feminismes ha puesto en marcha una campaña informativa en la que se recuerdan los derechos de los usuarios de piscinas públicas y comunitarias. Así, en ellas no se puede prohibir el toples, la lactancia ni otras situaciones de discriminación, amparadas por la ley vigente, como prohibir el acceso con trajes de baño que tapen más partes del cuerpo o impedir la entrada a ningún colectivo por su origen o etnia, como grupos de jóvenes racializados o familias gitanas.

La circular que han enviado a los ayuntamientos -la misma que ya les hicieron llegar en marzo- también señala que estas prohibiciones excluyen a una parte de la población del acceso a determinados servicios y vulneran la libre elección de cada persona sobre su propio cuerpo.

Actualización de las ordenanzas

La idea, según Verge, es que no solo las piscinas sino también las ordenanzas municipales se actualicen con la ley vigente. En una presentación en Manresa, la 'consellera' ha recordado que ningún ayuntamiento puede aplicar normativas municipales que no se adecuen a la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación. Este año, además, se ha propuesto ir más allá. En el caso de las piscinas comunitarias, también se ha empezado a trabajar con los colegios de administradores de fincas para garantizar que la normativa también se cumpla en estos espacios privados.

Según Verge, "llevar un traje de baño que cubra los genitales y querer refrescarse son las dos únicas condiciones para poder acceder a una piscina municipal en Catalunya" y ha recordado que "eso que parece tan obvio y sencillo no lo ha sido durante mucho tiempo, especialmente para las mujeres, que han visto cómo se les exigía que se cubrieran los senos o que se les prohibía amamantar a sus hijos e hijas, así como por otros colectivos a los que se les denegaba la entrada".

El pasado verano la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación tuvo conocimiento de diferentes casos de discriminación en las piscinas públicas.

"Mi piscina no discrimina"

"Mi piscina no discrimina. En las piscinas de Catalunya hay sitio para todas y todos" es el lema de los carteles que el departamento hará llegar a todos los ayuntamientos para que los coloquen en los equipamientos municipales. Está formado por un cartel central y cuatro vinilos que aluden distintas discriminaciones, como la presión estética; el origen, la raza o la etnia; la identidad de género u orientación sexual, y las conductas sexistas y machistas en las piscinas.

La campaña también quiere ser un llamamiento a aquellas personas y colectivos que hasta ahora se han sentido excluidos o que han oído que no había sitio para ellas en las piscinas, a ocupar el espacio y utilizarlas.

Sanciones para los infractores

La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, creada en marzo de 2022, tiene capacidad sancionadora en caso de infracciones por motivos de género, color de piel, religión y otros. Las sanciones tienen una horquilla que oscila desde los 300 hasta los 500.000 euros en función de la gravedad. La 'consellera' ha recordado que los particulares pueden denunciarlo en la oficina de forma presencial o telemática y que otras denuncias también les han llegado de forma pública en campañas como Mugrons Lliures.

Por otra parte, la 'consellera' remarcó que el objetivo final no es poner sanciones sino "impulsar cambios sociales y culturales para erradicar las discriminaciones y dejar de naturalizarlas". Y ha admitido que es necesario trabajarlo conjuntamente con los actores públicos y privados para avanzar en esa dirección y hacer que la ley se cumpla. "Contamos no tener que sancionar a ningún ayuntamiento porque todas las ordenanzas municipales se adecuarán a la ley", ha afirmado.