El colectivo LGTBI prepara un Orgullo masivo en respuesta a la amenaza PP-Vox

La conmemoración del Día del Orgullo LGTBI, que se celebra en todo el mundo cada 28 de junio en recuerdo de los disturbios de Stonewall de 1969, viene precedida, por primera vez en la historia reciente, de unas elecciones generales trascendentales para las orientaciones sexuales e identidades de género disidentes. Alberto Nuñez Feijóo ha dicho alto y claro que si llega al poder tras los comicios del 23 de julio derogará la ley Trans y LGTBI (más conocida como 'ley trans' a secas), recién aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Es por ello que el colectivo LGTBI ve como una amenaza ya sea un gobierno del PP en solitario o con Vox. Ese temor servirá, previsiblemente, como revulsivo para llenar los múltiples actos convocados por toda España, que culminarán en las manifestaciones centrales de Madrid, este sábado 1 de julio, y de Barcelona, el 15 de julio.

Las entidades reclaman un gran pacto de Estado contra los delitos de odio, que han crecido desde que la ultraderecha surgió

"Creemos que la presencia en las calles será potente para defender los derechos conquistados y parar en seco la involución reaccionaria que amenaza España con el ascenso de las derechas. Las personas LGTBI+ y nuestras aliadas les plantaremos cara en las calles y en las urnas el 23 de julio", asegura Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Sangil también vaticina que las marchas serán más multitudinarias que en los tres años anteriores debido al fin de las restricciones relacionadas con la pandemia.

La ley Trans y LGTBI ha sido el mayor logro del colectivo en la pasada legislatura, equiparable al matrimonio igualitario, porque permite el cambio de sexo y de nombre en el DNI y en el Registro Civil sin informe médico o tratamiento hormonal previo. Era la principal reivindicación de las personas trans, despatologizar el cambio de sexo y que este se pueda realizar con su mera voluntad, sin testigos ni pruebas documentales.

Sin embargo, por el camino han encontrado una gran oposición de un sector del feminismo ortodoxo que, avalado por una parte del PSOE, considera que la ley puede "borrar" a las mujeres y "destrozar la legislación en igualdad". Y la derecha demoniza la norma porque "es más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad y va en contra de los menores, de la tutela de los padres y de los médicos", en palabras del propio Feijóo.

Por ello, el PP hace bandera de que derogará la norma, algo que no hizo con el matrimonio gay cuando llegó al poder, aunque sí lo recurrió al Tribunal Constitucional.

El problema es que la ley no sólo permite la libre autodeterminación de género de las personas trans, sino que incluye un conjunto de medidas trasversales que benefician a todo el colectivo como el fin de las terapias de conversión o acciones específicas en pro de la igualdad en el ámbito laboral, educativo, de la salud, etc.

Por ello, según Sangil, el reto fundamental de la próxima legislatura será no sólo que la derecha no revierta la ley sino que, si gana la izquierda, se implemente en su integridad, para acabar con situaciones de discriminación y LGTIfobia que sufre el colectivo y que han ido a más desde que Vox llegó a las instituciones. "Desde ese gran altavoz, crean prejuicios que aumentan la agresividad", sostiene la presidenta de la federación.

Agresiones y revisión de los protocolos

El último estudio realizado por la FELTBI+ revela que entre 283.000 y 325.000 personas han sido objeto de agresiones por su orientación sexual o identidades de género en los últimos cinco años. De ellas, al menos 56.000 denunciaron, pero los datos oficiales solo recogen 1.551 delitos de odio desde 2018. Por ello, el colectivo exige al Ministerio del Interior una revisión metodológica de los protocolos que recoja de manera más fidedigna las agresiones por motivos de odio.

En redes, los mensajes de odio en España han crecido un 132% entre 2019 y 2022, según informe realizado por la consultora LLYC y que ha analizado 169 millones de publicaciones en 12 países.

En este contexto, la federación ha promocionado un pacto social contra los delitos de odio, que han rubricado los sindicatos y entidades del tercer sector. Y su principal aspiración es que sea apoyado por los partidos, a modo del gran Pacto de Estado que las formaciones -excepto Vox- rubricaron contra la violencia de género.

La discriminación laboral

También destacan las exclusiones a nivel laboral. Casi la mitad de las personas LGTBI+ (un 43,7%) denuncia haber sufrido discriminación durante su primera etapa profesional, por lo que solo tres de cada diez expresan su identidad u orientación sexual en el trabajo, según una encuesta elaborada por 40dB para Amazon España con motivo del mes del Orgullo.

Los motivos para ocultarlo son evitar rumores y comentarios (28,1%), el miedo a que cambie la valoración profesional (22,3%), el miedo al 'mobbing' (22%) o a perder el trabajo (19,9%). De hecho, solo un 14,5% de los encuestados trabaja en empresas o instituciones que desarrollan políticas específicas dirigidas a la comunidad y tan solo un 18,5% asegura tener otros referentes visibles del colectivo en su entorno laboral.