Japón aprueba su ley del "no es no" y eleva la edad mínima del consentimiento de 13 a 16 años

Las leyes japonesas contra la violación han entrado esta mañana en la modernidad con el relevo del uso de la fuerza por la falta de consentimiento. La etiqueta de histórica no le viene grande a la reforma aprobada por el Parlamento porque la ley había permanecido casi intacta durante más de un siglo atrás. 

Japón ha sido de los últimos países del primer mundo en apuntar al consentimiento como la clave de una violación. La definición anterior de “relación forzada con asalto o intimidación” exigía a la víctima una resistencia física que no siempre era posible de ejercer y menos de demostrar en un juicio. El cuadro empujaba a las interpretaciones restrictivas y desincentivaba las denuncias.  

Sin denuncias

La vieja ley fue promulgada antes de que las mujeres pudieran votar, priorizaba el honor familiar y abonaba el “no a veces es sí". Su única reforma, en 2017, elevó la condena mínima de tres a cinco años, introdujo los supuestos de sexo anal y oral, y permitió la persecución sin denuncia. Pero seguía ausente el consentimiento y una encuesta gubernamental sentó que el 95 % de las agresiones sexuales no eran denunciadas. No era raro que a las víctimas se las culpara por no haber luchado lo suficiente sin atender a la paralización por el shock o a su miedo a recibir más daño si se resistían. Una encuesta de 2017 subrayó la escasa contundencia de los tribunales: solo el 17 % de los 1.678 acusados por asalto sexual fueron condenados a tres o más años de cárcel. 

Llovía sobre mojado cuando cuatro casos apretados en un mes de 2019 empujaron al país al diván. Con cualquier ordenamiento jurídico sensato habrían acabado en condena. Una sentencia daba por sentadas las repetidas violaciones de un padre a su hija adolescente y lo absolvía porque esta no había mostrado la suficiente resistencia.

Desatascador

En aquellos atropellos judiciales germinó la campaña nacional conocida como Flower Demo, con protestas semanales, que logró nuevos juicios y condenas. La reforma prevé supuestos que impiden o dificultan expresar  la falta de consentimiento: intoxicación por alcohol o drogas, miedo insuperable, abuso de poder…   

 La historia y la cultura han hecho del consentimiento un concepto vaporoso en Japón. De la mujer se espera sumisión y se la mira con desconfianza si dice “no” incluso a las invitaciones al sexo. La víctima que denuncia los abusos es una delatora problemática que traiciona al equipo y muchas mujeres comparten esa visión. En la potente industria del porno abundan las colegialas que sufren indeseados embates sexuales. El protagonista de 'The Rapeman', uno de los mangas más célebres de los 90, era un profesor de día y violador de noche. Muchas de sus víctimas caían enamoradas de él.  

Presión interna

“Los violadores han escapado sin castigo a excepción de los ataques más violentos porque sus víctimas, incluso las más jóvenes, tuvieron problemas para demostrar que había mediado violencia. Pero con los movimientos MeToo y el Flower Demo ha habido una creciente presión doméstica para cambiar esas leyes obsoletas”, sostiene CedarBough Saeji, profesora de estudios de Corea y Asia Oriental de Pusan National University.  

También ha corregido Japón la edad de consentimiento sexual, que fija el umbral de la violación. Sus 13 años chirriaban en el mundo desarrollado. Los 16 años actuales la emparejan con Estados Unidos, Reino Unido y España. Por debajo quedan Alemania e Italia, con 14, y Grecia y Francia, con 15.  

Japón sigue aferrada a sus estructuras ancestrales que empujan a la mujer a los arcenes sociales. Ni la modernización supersónica posterior a la Segunda Guerra Mundial ni las leyes familiares posteriores cambiaron su realidad. El anterior y asesinado primer ministro, Shinzo Abe, se esforzó en embridar el rampante abuso sexual que, entre otras razones, frenaba el ingreso de la mujer en el mercado laboral. Una colección de escándalos le empujó en 2018 a imponer la asistencia obligatoria a los funcionarios a cursillos sobre abusos sexuales en el ámbito laboral.