La universidad pública catalana inicia el proceso para acabar con los falsos profesores asociados

Uno de los problemas que generó la crisis económica de 2008 en la universidad pública catalana fue la perversión de la figura del profesor asociado; profesionales con relevante experiencia laboral en la asignatura que imparten y que tienen su empleo principal fuera del campus. Con los recortes, se extendió la práctica de incorporar docentes bajo esta figura para una función que no era la original. Se propició así la existencia de profesores que aunque figuraban como asociados en realidad hacían jornadas completas y tenían sueldos precarios. El Departament de Recerca i Universitats que capitanea el 'conseller' Joaquim Nadal se ha propuesto empezar a poner orden en este asunto y ha iniciado el proceso para acabar con la figura de los falsos asociados.

Según los datos que maneja la 'conselleria', en 2021 había 5.270 personas con cinco o más años de contrato de profesor asociado en la misma universidad. Esta antigüedad, evidencia de 'estabilidad', es el factor que el Departament ha utilizado para trazar su estrategia. Cierto que de todas estas personas, algunas serán realmente asociados y, probablemente, querrán seguir siéndolo. Del total, unas 800 tienen algún tipo de acreditación que les permite optar a ser profesor lector o asociado. Teniendo en cuenta esa acreditación, que para la 'conselleria' es una prueba de que estas personas quieren hacer carrera profesional en la universidad y no son por tanto asociados por vocación, Nadal ha presentado este jueves un plan de choque que permitirá que 820 falsos asociados pasen a ser profesores lectores, a jornada completa y con sueldos acordes en un plazo máximo de tres años.

El plan está dotado con 60 millones de euros: los primeros 10 millones ya han sido transferidos hace unos días a las universidades catalanas. En 2024, recibirán 20 millones y en 2025, 30. Estas cantidades se repartirán entre las universidades públicas en función de la dimensión y necesidades de cada una. Para este 2023, por ejemplo, de los 10 millones, 2,8 son para la Universidad de Barcelona; 2,1 para la UAB; 1,9 para la UPC; 908.000 para la Rovira i Virgili; 784.000 para la UPF; 727.00 para la Universidad de Girona y 630 para la Universidad de Lleida. La ejecución del plan ya recae en cada una de las universidades, en función de su autonomía, que pueden aplicarlo en función de sus casuísticas e incluso ampliarlo con fondos propios. En el conjunto del sistema universitario público catalán, en 2020 había un total de 20.315 docentes

Un primer paso

No se acabará completamente con el problema, pero es un primer paso. "Es un plan que irrumpe en el sistema para modificar las políticas de profesorado. El objetivo es buscar maneras para reducir el número de asociados en situación de precariedad y aumentar las plazas de profesores lectores que quieran hacer carrera en la universidad", ha subrayado Nadal, que ha admitido que "no se acabará con todo el problema, pero es el inicio para revertir la situación de precariedad en la que la crisis de 2008 dejó a las universidades catalanas". "Es más que nada", ha zanjado adelantándose a quienes consideren que el plan queda corto.

El plan tiene una vigencia de tres años. A partir de entonces, dependerá de la voluntad política del Govern continuar con él. El 'conseller' señalaba que si el plan se prolonga seis años más, en tandas de tres, el problema de los asociados precarios quedará en algo "testimonial".

A resultas de las negociaciones presupuestarias, se aprobó una enmienda que permitirá destinar cinco millones de euros, que complementarán los 60 del plan, a mejorar la formación del personal de administración y servicios (PAS). El reciclaje formativo de estos técnicos permitirá preparar a este personal para nuevas necesidades burocráticas relacionadas, por ejemplo, con trámites, becas, concursos o convocatorias.

724 jubilaciones de 2023 a 2025

La filosofía del plan de choque no es solo combatir la precariedad laboral, sino también preparar el relevo generacional. Actualmente, hay universidades en las que el 30% del profesorado permanente tiene más de 60 años. El Departament estima que de 2023 a 2025 se jubilarán 724 profesores universitarios. De estos, 217 se retiran este mismo año. La previsión es que en 2024 se jubilen otros 240, y en 2025, otros 267. Todas estas plazas las cubrirán las universidades con nuevas contrataciones que permitirán rejuvenecer las plantillas.

Otra pata del plan es la de promoción y captación del talento. Este año, la 'conselleria' destina a ello más de 138 millones de euros. Además, este año se destinará 2,4 millones de euros para estabilizar a 60 investigadores posdoctorales, el 60% de los cuales trabajan en universidades y el 40% restante en centros de investigación. A ello se añade el Plan Serra Húnter, dotado con 18,6 millones de euros, por el cual se financia el 50% del coste de las nuevas contrataciones de profesores. Este año se han ofertado 72 plazas.

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